El desconocimiento de los derechos soberanos de Chile sobre la integridad del Estrecho de Magallanes por dos altos oficiales argentinos y la falta de claridad de su Cancillería en las respuestas a protestas chilenas han creado desconfianza y enrarecido las relaciones entre vecinos que mantienen estrechos e históricos vínculos.

El desencuentro surge de la “Directiva Política de la Defensa Nacional” (DPDN), aprobada por Decreto 457, de 2021, suscrito por el Presidente Alberto Fernández. Este establece que “uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes”, lo que sugiere una soberanía compartida sobre esos territorios, lo que es inaceptable considerando la íntegra soberanía chilena, conforme a los tratados de 1881 y 1984. Ambos tratados son mencionados repetidamente en las respuestas trasandinas a las protestas, pero sin reconocer explícitamente la soberanía chilena. La imprecisión del DPDN y la ambigüedad de su Cancillería abrieron espacio al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, para sostener que “Magallanes, el sur, el (de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”. También el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, afirmó antes que el Estrecho, si bien es un canal internacional, “está dentro de espacios marítimos chilenos (...), excepto la boca”. Una semana después de las tensiones provocadas por esos altos mandos, con repercusiones en las relaciones bilaterales y desconfianza de sus pares chilenos, el jefe del Estado Mayor, general de la Armada de Argentina, almirante Juan Carlos Romay, se refirió correctamente al escenario austral. “El Atlántico Sur es un lugar estratégico, porque en esta región tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo sur, el Cabo de Hornos”. A sus palabras se suman las del ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Alberto Presti, quien llamó a su par chileno, Fernando Barros, para “aclarar” los dichos del jefe de la Fuerza Aérea y afirmar que no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno.

Mientras nuestras autoridades han actuado responsable, firme y coordinadamente, sin sobrerreaccionar, se advierte descoordinación en los altos mandos argentinos y falta de claridad de su Cancillería, cuyas respuestas, en vez de descomprimir las tensiones reconociendo tajantemente que el Estrecho está íntegramente bajo la soberanía chilena, solo mencionan los tratados bilaterales. Se debe seguir exigiendo a Argentina que cumpla el compromiso de derogar el Decreto 457/2021, en lo referente a reconocer la soberanía chilena, compromiso reiterado por el Presidente Milei y el canciller Quirno en su visita a Santiago. Con todo, es positivo que, en el comunicado conjunto con ocasión de esa visita, los presidentes Milei y Kast coincidieran “en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por los Tratados de 1881 y 1984... establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del Estrecho”.

Importante de considerar es la relevancia estratégica del extremo austral sudamericano, que atraerá creciente interés geopolítico por su condición de línea de comunicación interoceánica y cercanía a la Antártica. En cuanto a Chile, parece indispensable reforzar su presencia efectiva en Magallanes.