Hace muchos años se me acercó una mujer encantadora, quien, con una cara compungida, me dijo: “Hace mucho tiempo que yo quería preguntarte, ¿cómo es estar casada con un liberal?”. Tratando de aliviar su preocupación, y porque era la verdad, le aclaré que mi marido era conservador y que era yo la que provenía de una tradición liberal. Así era entonces: ser liberal era anatema para las sensibilidades más conservadoras y religiosas, como, asimismo, para la emergente Democracia Cristiana, al igual que para los liberales ser conservador era sinónimo de retrógrado, beato y contrario al progreso. El hecho era que las palabras “liberal” y “conservador” eran más bien epítetos peyorativos más que definiciones conceptuales.

En este sentido, la furia de cierta izquierda hoy al ser tildada de “iliberal” me hace pensar que hoy día todos quieren ser liberal y que la peor acusación es ser iliberal. Y eso incluye a todos quienes participaron en el diseño del primer proyecto constitucional, hicieron campaña a su favor y lo aprobaron en el plebiscito.

Ahora bien, bajo cualquier categoría de análisis que se utilice, ese proyecto era contrario a elementos esenciales de la democracia liberal representativa, lo cual, por lo demás, es perfectamente coherente con lo que ha sido siempre la posición de la extrema izquierda frente a ese modelo político. Si bien ella ha participado en procesos electorales —al igual por lo demás que lo han hecho las democracias iliberales de derecha, como en Hungría y otros—, ello ha sido por razones tácticas muy alejadas de los principios. La posición marxista leninista y de todos los partidos que tienen dentro de su código de creencias que la lucha de clases es el motor de la historia y debe inspirar la acción política, han sido brutalmente críticos de la democracia liberal representativa y siempre la han clasificado como una simple “democracia burguesa”, un sistema que formalmente entrega derechos políticos iguales, pero que perpetúa la desigualdad real que proviene de la propiedad privada de los medios de producción, y que, por lo tanto, se trata exclusivamente de un instrumento de dominación de clase que sirve a los intereses de la burguesía. Bajo esta lógica, el pluralismo partidista es simplemente una apariencia de participación popular. Lenin planteaba que era un sistema que debía ser destruido y cambiado por nuevas formas de poder como los Soviets o los Consejos Obreros, bajo el paraguas de la “dictadura del proletariado”. Con ello se elimina la idea de una ciudadanía universal, de la igualdad ante la ley, de la deliberación democrática como alternativa a la violencia, del pluralismo, a ser reemplazado por la hegemonía del Partido Comunista como vanguardia, y se subordinan las libertades formales a los objetivos de la construcción socialista.

El texto constitucional en discusión era así una muy amplia sustitución de la democracia representativa y ponía fin a ciertos de sus principios fundamentales, como la igualdad ante la ley, la representación individual igualitaria, la importancia de los equilibrios y contrapesos, la separación de poderes, y muy especialmente la existencia de un poder judicial independiente igual para todos. Más importante aún, reemplazaba el concepto de que la soberanía reside en la nación y no en grupos identitarios, al sustituir la noción de “una persona un voto” por un criterio de representación de grupos, estableciendo escaños reservados para pueblos originarios, y mecanismos de paridad de género obligatorios. Finalmente, introducía elementos de democracia directa vinculantes no representativos, como iniciativas populares de ley y consultas plebiscitarias, tensionando la lógica representativa. Es posible sostener muchas opiniones respecto a ese proyecto constitucional, menos que era uno liberal.