La propuesta de reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción de la seguridad pública muestra que Kast entendió las consecuencias del resultado del plebiscito del 4 de septiembre: que dejó a Chile en camino a una dictadura. Y creyó que ese camino ya se había completado.

En el cálculo del Gobierno, la desafección o indiferencia con las instituciones políticas y democráticas ya había llegado al punto en que podía esperar respaldo ciudadano para constitucionalizar la dictadura. La oposición a esa idea podría responderse con el discurso habitual de que los críticos defienden los derechos de “los delincuentes” o los intereses de “los políticos”. Aprovechando esto, Kast anticipaba que podría quedar constitucionalmente autorizado, cuando él mismo así lo quisiera y sin control judicial, para intervenir comunicaciones y para arrestar y relegar personas no por 5 o 15 días, como el artículo 24 transitorio autorizaba a Pinochet, sino por ocho meses.

Porque, a pesar de todo el esfuerzo invertido en convencernos de lo contrario, lo que se manifestó desde octubre de 2019 fue una fractura profunda en Chile. Ella es causa y consecuencia de una larga crisis de legitimación de las instituciones políticas, que a la sazón llevaba más de una década de desarrollo. La fractura no es entre derecha e izquierda, sino entre la sociedad y la política institucional. Esto ha llevado a que la sociedad chilena no espere nada de la política, que aparece crecientemente ante ella como el negocio de una “clase”.

El proceso constituyente era una manera de enfrentar esa fractura, y entonces comenzar a repararla. Al cerrarse sin éxito nos dejó con la misma crisis, ahora sumergida, y sin vías de solución. Pero la negación es la más predecible de las respuestas humanas, como decía la IA que construyó la Matrix. Por eso la política institucional ha sido incapaz de verla: una semana antes del estallido, el Presidente celebraba que Chile era un oasis de tranquilidad y estabilidad, y desde septiembre de 2022 nos dicen que todo eso no fue más que un paréntesis de irracionalidad, un “delirio” y “extravío” que afortunadamente fue cerrado, para poder volver al oasis, business as usual.

Como parte de lo anterior, hoy se le atribuye a la propuesta constitucional rechazada hace cuatro años cualquier tontería que resulte oportuno atribuirle: ahora conviene decir que era “iliberal”, porque “concentraba el poder en una sola cámara”, dijo el director de un centro de estudios que presume de saber sobre liberalismo; o porque permitía la reelección presidencial inmediata, dice el mismo exconvencional que firmó una “iniciativa de norma constitucional” que autorizaba la reelección presidencial “por una sola vez”. Y haber apoyado esa propuesta se invoca hoy como razón para excluir a alguien de la discusión pública, al menos hasta que, como lo hemos visto recientemente, haga contrición y se arrepienta para ser readmitido.

Y como la fractura entre sociedad e institucionalidad política sigue ahí, ahora sin caminos de solución, la discusión política la trata con la filosofía de Ramón Barros Luco: que los problemas de la vida no tienen solución o se solucionan solos.

Salvo el Gobierno, que parece entender las oportunidades que esta situación le abre.