La semana pasada, en medio de un juicio que apenas llevaba dos semanas en un tribunal federal de Oakland, Meta decidió no seguir esperando el veredicto ni exponer a sus ejecutivos a sentarse en el banquillo. La compañía, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, acordó pagar hasta US$ 17.000 millones en diez años a una coalición bipartidista de 51 fiscales generales de Estados Unidos, encabezada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que la habían demandado por diseñar sus plataformas de un modo deliberadamente adictivo para menores.

Se comprometió, además, a límites diarios de uso, bloqueos nocturnos, eliminación de contadores de “me gusta” para menores, prohibición de filtros de cirugía estética y un auditor independiente. Todo eso, sin admitir su responsabilidad.

El movimiento tiene un antecedente inmediato: semanas antes, en Nuevo México —que no forma parte de este acuerdo—, Meta litigó hasta el final y perdió: debió pagar US$ 942 millones entre la multa de marzo y la orden judicial de agosto, luego de que el tribunal calificara la plataforma de “perjuicio público” y rechazara la misma inmunidad que la empresa invoca hace años. En otras palabras, cuando Meta no negoció, perdió.

Este caso es el capítulo más visible de un litigio mucho más amplio, que agrupa a Meta, TikTok, Google (por YouTube) y Snap como codemandados; TikTok y Snap ya habían llegado a acuerdos en enero. Lo relevante es la estrategia: los fiscales no demandaron por el contenido que publican los usuarios —terreno protegido por inmunidades pensadas para la libertad de expresión—, sino por el diseño mismo del producto: scroll infinito, notificaciones push, feeds algorítmicos, filtros de belleza, todos presentados como ingeniería orientada a maximizar el uso, comparable a una máquina de juego. Ese giro traslada la discusión al terreno de la responsabilidad por productos defectuosos: quien diseña un producto sabiendo que puede causar daño no puede escudarse en la conducta del usuario.

Se trata de un tema clásico del derecho sobre cómo enfocar la responsabilidad por el conocimiento anticipado del riesgo. Hace algunos meses, el CEO de OpenAI, Sam Altman, envió una carta de disculpas a la comunidad de Tumbler Ridge, una localidad canadiense golpeada por una matanza a tiros, después de conocerse que OpenAI había bloqueado una cuenta vinculada a la autora del ataque por conversaciones violentas, pero no informó a las autoridades. En uno y otro caso, empresas que sabían del riesgo y optaron por no ir más allá de sus protocolos internos empiezan a enfrentar consecuencias legales y no solo reputacionales.

Este acuerdo es la prueba de que la autorregulación en las plataformas de redes sociales ya no basta. Durante dos décadas la industria operó bajo la premisa de que podía resolver estos problemas puertas adentro. Los cambios sustantivos —límites de tiempo, bloqueos nocturnos, fin de las métricas de validación social— llegaron solo cuando decenas de fiscales y una corte federal pusieron a la compañía contra la pared. Eso debería bastar para desconfiar de que el mercado, por sí solo, corregirá estos incentivos.

Y no es un problema solo estadounidense. En la Unión Europea el mismo diagnóstico avanza por otra vía: la Comisión Europea investiga a Meta desde 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales, y en julio concluyó preliminarmente que el scroll infinito, el autoplay y los feeds hiperpersonalizados violan las normas contra interfaces manipulativas, con una multa que podría llegar al 6% de su facturación global, unos US$ 12.000 millones. Con TikTok llegó a la misma conclusión en febrero. En Francia, además, dieciséis familias demandaron a TikTok ante tribunales por explotar la vulnerabilidad de sus hijos adolescentes, dos de los cuales se suicidaron.

Instagram, TikTok y YouTube operan en Chile con el mismo diseño cuestionado en Oakland, Santa Fe y Bruselas, y nuestros adolescentes están expuestos a los mismos mecanismos de enganche. Ya contamos con herramientas —la doctrina del riesgo creado, los deberes de cuidado, la nueva ley de protección de datos— que podrían dar cabida a un debate similar. Lo que falta no es una teoría jurídica, sino la decisión política de exigir estándares de diseño para menores antes de que ocurra el daño, y no después de que un tribunal lo constate.

Si el propio diseño de un producto puede ser causa jurídica de un daño, la pregunta ya no es si corresponde regular estas plataformas, sino con qué estándares y exigencia. La experiencia reciente sugiere que, dejadas a su criterio, seguirán optimizando para el enganche mientras nadie las obligue a hacer otra cosa. Esa es la lección central: la autorregulación demostró sus límites, y donde hay conocimiento de un riesgo y capacidad de evitarlo, la ausencia de restricciones deja de ser neutralidad y empieza a parecerse a una mala decisión.