Chile necesita más minería, no menos. La creciente demanda mundial de cobre impulsada por la electrificación ofrece una oportunidad para acelerar nuestro crecimiento. Sin embargo, hace dos décadas que nuestra producción está estancada y caerá si no entran nuevos proyectos. Revertir esta tendencia y maximizar nuestro potencial requiere el mejor uso productivo del territorio minero concesionado. La estructura de las patentes mineras importa para ello.

Actualmente, se tramita un proyecto de ley del Ejecutivo que modifica esa estructura. El proyecto contiene mejoras pertinentes. Pero también tiene un problema fundamental: elimina el costo creciente de la patente para concesiones de explotación sin actividad. Este mecanismo, establecido en una reforma de 2022 en el gobierno del Presidente Piñera, es un valioso incentivo para evitar la retención improductiva de concesiones.

La modificación de 2022 partió de un principio económico básico, en línea con la experiencia internacional y con las propuestas de la CNEP (2017): quien recibe del Estado una concesión sobre un recurso escaso debe enfrentar un costo creciente si la mantiene improductiva. Si la utiliza productivamente, paga una patente baja; si no, enfrenta un costo creciente, que incentiva a explotar, transferir o liberar la concesión para que otros lo hagan.

El problema que la reforma de 2022 buscó corregir era evidente: en 2021, cerca del 80% del territorio de las regiones mineras del norte estaba cubierto por concesiones, pero se estimaba que menos del 10% se trabajaba. Alrededor del 50% de las hectáreas de explotación se concentraban en 20 empresas y cerca del 30%, en cinco. El bajo costo de mantenerlas —una fracción menor del de otros países— contribuyó a esa inmovilización, más allá de la legítima planificación minera. A nivel agregado, el bajo costo también facilitó usos especulativos y mecanismos de bloqueo de proyectos en distintas áreas.

La reforma cambió esos incentivos: quien acreditaba actividad minera pagaba una patente reducida de 0,3 UTM por hectárea. Pero quien no lo hacía enfrentaba una patente creciente: partía en 0,4 UTM durante los primeros cinco años, aumentaba gradualmente hasta 1,2 UTM al año 16 y, desde el año 21, subía con fuerza hasta alcanzar 12 UTM después de 30 años. Datos preliminares sugieren que el mecanismo funciona y el propio proyecto de ley reconoce que el costo creciente contribuye a liberar superficie. Un cambio legal de 2023 bajó la patente reducida a 0,1 UTM por hectárea.

La lógica es económica antes que recaudatoria: una concesión sin explotar preserva una opción de desarrollo futuro. La patente creciente pone precio a esa opción e induce, con el tiempo, a desarrollar, transferir o liberar la concesión. Así, permite preservar proyectos reales de largo plazo, pero desincentiva la inmovilización indefinida de terrenos.

Con todo, hay situaciones en que una pertenencia temporalmente no explotada no responde a una lógica improductiva, por lo que se justifica la patente reducida. Una es la de pertenencias destinadas a futuras expansiones acreditables de una unidad productiva minera; otra, la de aquellas asociadas a proyectos en tramitación ambiental (RCA/SEIA). Ambas causales fueron reconocidas por la reforma de 2022.

El proyecto de ley, en trámite en el Senado, introduce cambios atendibles en favor de mayor certeza jurídica: amplía las causales que permiten mantener la patente de explotación reducida mientras una empresa avanza en la exploración, prospección o construcción, o transitoriamente, mediante la entrega de información geológica.

El problema de fondo es que el proyecto de ley reemplaza el pago creciente para las concesiones de explotación sin actividad acreditada, por una patente plana de 0,4 UTM por hectárea. Esto debilita el incentivo central: retener miles de hectáreas ociosas costará lo mismo el año 1 que el año 30. Si postergar indefinidamente la explotación no tiene costo adicional, se reduce el incentivo a liberar territorio para otros actores con capacidad de desarrollarlo y, con ello, se limita la posibilidad de generar más minería privada, inversión y crecimiento.

Chile necesita más minería para aprovechar una oportunidad excepcional. Por eso, es de esperar que el Senado pueda revisar la eliminación de la patente creciente y su reemplazo por una plana.

Porque esta no es una discusión sobre cuánto recaudar por patentes, sino sobre los incentivos para promover la competencia, la inversión y el mejor uso productivo de nuestros recursos mineros. Mantener el costo creciente contribuye a ese objetivo. Eliminarlo abriría espacio al regreso de la lógica del perro del hortelano, que no come ni deja comer.

Justo cuando el crecimiento de Chile y de su minería necesita lo contrario.