Agazapada por un rato luego del triunfo republicano en las presidenciales, la élite liberal ha visto en los excesos de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo la oportunidad para lanzarse contra un gobierno con el que jamás se ha sentido cómoda. Sus tribunos arrojan sobre el proyecto el peor epíteto que pueden proferir: estamos, acusan, ante una iniciativa “iliberal”. El calificativo es algo arcano y quienes lo pronuncian no lo explican con claridad. Habrá que entender que les preocupa una tentación autoritaria ultraderechista y una posible deriva hacia la barbarie.

En el tono y el alcance de sus críticas parece haber, no obstante, algo más que una alerta justificada. Se advierte también la indignación propia de quienes se consideran ubicados en el lado correcto de la historia y desprecian desde una altura moral autoasignada a aquellos que se resisten porfiadamente a ver la luz. El analista norteamericano Kevin Phillips explicó hace tiempo que la clave para analizar la política es “saber quién odia a quién”. Bastante de eso parece haber en las descalificaciones que ha emitido este grupo contra La Moneda a raíz del plan de seguridad.

Resulta obvio que el proyecto del Gobierno lanza el tejo pasado y que, en un escenario fatalista, podría incluso llegar a amparar una dictadura legal. Razones más que suficientes para levantar alarmas. Tantas, que a los reproches se han sumado incluso voces conservadoras.

Pero, si bien la preocupación es válida, también es cierto que la manera en que ha sido expresada por algunos revela una disposición repetida a eludir un lado importante de la ecuación. Poco hay en ella que aborde cómo debe enfrentarse la notoria falta de seguridad que enfrentan muchísimos chilenos o que se haga cargo de la falta de soluciones en torno al tema pese a múltiples promesas incumplidas.

Los críticos observan desde lejos los fenómenos que describen, instalados en la realidad paralela de la torre de marfil, sin experimentar las privaciones que padecen los ciudadanos de a pie. Eso le otorga a su queja un inconfundible tufillo elitista. La radical desconexión de sus autores con la realidad que enfrenta la población amenazada por la delincuencia se ve reflejada en la ausencia de empatía con aquellos que subsisten en barrios y calles donde vuelan las balas locas, mandan los narcos, escasean los carabineros y el Estado no llega.

La evidente restricción de derechos que sufren los que viven a merced de la delincuencia no parece inquietar a los catones liberales. La suya es una preocupación conceptual, ideologizada y lejana de la realidad tangible. Les alarma el iliberalismo potencial de la reforma propuesta por el Gobierno, no el iliberalismo actual y concreto que padecen aquellos que ven coartada su libertad y calidad de vida por la actividad de mafias criminales.

En buena medida, es precisamente esa desconexión negligente la que ha permitido que cuestiones como el auge de la delincuencia no hayan encontrado una respuesta adecuada. Es cierto que las medidas que propone el Gobierno ofrecen una solución exagerada. Sin embargo, al menos evidencian la voluntad de enfrentar el problema en serio. Eso marca una distancia con élites que, pese a ser conscientes de la gravedad de un asunto que se arrastra por décadas, no han estado nunca a la altura de él (y que, según se desprende de su reacción actual, siguen no estándolo). La ausencia de autocrítica y propuestas de esa élite insensible es casi tan flagrante como el “iliberalismo” que ella denuncia.