Todos los presidentes entrantes deben enfrentar el mismo desafío: pasar del modo campaña a un modo gobierno. Y cada vez cuesta más, porque las promesas de campaña, en Chile y en el mundo, son cada vez más inverosímiles. Los candidatos lo saben y el electorado lo sospecha. En el caso de Kast, las promesas fueron particularmente osadas y, pese a lo ambiciosas que resultan sus reformas (o quizás por eso mismo), la transición del modo campaña al modo gobierno ha sido especialmente lenta.

La primera gran encrucijada de la administración Kast la produjo el alza del precio internacional del petróleo: ¿traspasar el alza rápido o lento a los precios internos? Traspasarla rápido permitía culpar a su antecesor por la supuesta falta de recursos y prolongar el relato de campaña. Traspasarla lento, aplicando el Mepco, exigía gastar recursos fiscales que ese relato declaraba inexistentes, aun si se recuperaban después, cuando el precio bajara. Se optó por lo rápido: se culpó al gobierno anterior de la falta de recursos que obligó a tomar la medida y pasamos del “Chile se cae a pedazos” al “Estado en quiebra”. La campaña continuaba, ahora desde La Moneda.

Todo un éxito comunicacional, todo un fiasco en lo económico. Nadie en el Gobierno parece haber anticipado el impacto que tendría el “bencinazo” sobre las expectativas de los hogares. De un día para otro se reinstaló el pesimismo: la percepción de los hogares sobre la economía del país cayó como nunca antes en los 24 años que lleva midiéndose este indicador (IPEC de abril). Y ese deterioro ya parece estar pasando la cuenta: tras el shock de precios, el consumo cayó más de lo que anticipaban los modelos tradicionales, con el consiguiente costo en crecimiento.

La siguiente gran encrucijada fue cómo abordar el proyecto de reforma económica, que el Congreso aprobó hace pocas semanas. El Gobierno optó por imponer su programa: junto a medidas que cuentan con amplio consenso —racionalización de permisos, rebaja del impuesto corporativo—, incorporó exenciones tributarias muy regresivas, que no aportan al crecimiento, pero que son apreciadas por sus adherentes.

Según proyecciones de instituciones técnicas e independientes, el impacto de la reforma sobre el crecimiento de tendencia será bajo: menos de la mitad de lo prometido en campaña. A ello se suma que el apuro llevó a aprobar artículos mal redactados, que el Congreso no alcanzó a analizar debidamente. El ejemplo más patente es el artículo 31, sobre la reconexión gratuita y obligatoria de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe, pero no es el único.

La apuesta política pareciera ser adjudicar a la reforma la bonanza del boom de inversión minera en curso, que promete un par de años de alto crecimiento. Es una apuesta arriesgada. Ignora un escenario internacional que no ha sido favorable y que podría tornarse mucho más adverso, por ejemplo, si revienta la burbuja de la inteligencia artificial o si se desbordan los riesgos geopolíticos. A todo esto se suma el pesimismo, hijo del “bencinazo”, que ya afecta a la economía y podría ser difícil de disipar. La alternativa habría sido promover un acuerdo transversal en torno a una agenda de crecimiento más ambiciosa, diversa y fiscalmente responsable, que les habría dado a las reformas la estabilidad necesaria para no ser revertidas.

La tercera gran encrucijada fue el ingreso al Congreso de la iniciativa de seguridad, con un proyecto de reforma constitucional que permite al Presidente restringir las libertades más básicas durante 240 días, sin contrapeso alguno de los otros poderes del Estado. Quienes hasta hace poco negaban que el Gobierno fuera de ultraderecha hoy critican sin ambages esta propuesta, la califican de iliberal e instan al Gobierno a abandonarla.

El proyecto, sin embargo, es coherente con la campaña: medidas populistas, algunas de dudosa utilidad; otras que debilitan las instituciones democráticas y pavimentan derivas autoritarias. La estrategia comunicacional también es la misma: quienes cuestionan su eficacia o advierten el daño a la democracia son acusados de defender al crimen organizado y de estar desconectados de la realidad que vive la mayoría.

Existía una alternativa: aprovechar el amplio consenso que hay en seguridad entre expertos de diversas tendencias y seguir construyendo sobre los acuerdos y avances de años recientes, que no son pocos y ya empiezan a rendir frutos. A eso podían sumarse medidas que ayuden a cerrar la brecha entre percepciones y realidades en materia de victimización. Pero el ministro Arrau, quien al asumir insinuó que seguiría aquel camino, finalmente se apartó de él al firmar el proyecto y, en días recientes, lo contradijo al tildar de opinólogos a los expertos que no compartían sus puntos de vista.

La incapacidad de abandonar su discurso de campaña ha llevado al Gobierno a abordar los principales temas de su agenda con estrategias de alto riesgo. La mayoría de las personas busca minimizar la incertidumbre y evitar situaciones inciertas. Los gobiernos también suelen actuar así. El Gobierno de Kast, en cambio, parece no querer ver el riesgo de sus acciones. En los próximos días el Gobierno decidirá qué hacer con su propuesta de seguridad. Es una buena oportunidad de pasar, finalmente, del relato de campaña a las políticas de Estado.