Señor Director:

En reciente columna, Agustín Squella denuncia como iliberales a quienes no toman en cuenta o se oponen a la más amplia dimensión ética del liberalismo, consistente, según él, “en la autonomía de los individuos para formarse y adoptar creencias acerca del bien y de lo que debe hacerse para lograrlo”. Pero, si ese es el liberalismo, si esa es la autonomía de los individuos, ¿por qué condenamos algunas de las decisiones que ellos toman hasta el punto de aplicarles una pena por haberlas adoptado y puesto en práctica?

El Código Penal vendría a ser una tajante expresión de iliberalismo, como también lo sería el conjunto de los 10 Mandamientos que nos imperan algunas conductas y nos prohíben tajantemente otras, sin preguntarnos para nada nuestro parecer.

Agustín Squella muestra así la contradicción que envuelve el liberalismo: por un lado, una exaltación moral del ejercicio de la libertad, como si ella fuera siempre expresión del bien, y, por otra, la inevitable condena cuando ese ejercicio se expresa en una determinada acción criminal o simplemente delictual.

Algo de esa contradicción queda a la vista en esta marea de condenaciones que ha recibido el plan del Gobierno para reprimir e impedir la acción delictual que actualmente golpea con tanta fuerza a nuestro país. Sin duda, los cabecillas de esta acción deben contemplar extasiados esta ofensiva para impedir que ese plan se concrete.

Es inevitable que la acción para frenar la criminalidad en el país requiere medidas de excepción que restrinjan las libertades individuales. Esas medidas son ahora necesarias porque durante las décadas anteriores en nuestro país predominó ese principio de autonomía que Squella proclama como medular en el liberalismo. Por eso, es muy importante dejar esto muy claro para que, sobre esa base, se proceda a combatir a la delincuencia con algún grado de éxito. De lo contrario, esa delincuencia, más temprano que tarde, seguirá causando tanto daño como lo ha hecho hasta ahora, o más.