En momentos en que arrecia el debate sobre el carácter “iliberal” o no de distintos gobiernos y líderes, y mientras casos como el de Nayib Bukele, en El Salvador, o Donald Trump, en Estados Unidos, acaparan la atención, suele pasar algo más desapercibida la situación de México. Ello, aunque a partir de 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el país inició un fuerte retroceso institucional, con el cierre de distintos organismos autónomos y una progresiva concentración del poder. Hito máximo fue la reforma del poder judicial aprobada en las postrimerías de su mandato para establecer la elección popular de todos los jueces, denunciada como una maniobra para asegurar el control de la judicatura por parte del oficialismo y su partido Morena.

La implementación de la reforma judicial se ha llevado a cabo bajo el gobierno de la sucesora de AMLO, la Presidenta Claudia Scheinbaum, pero los cambios institucionales no han terminado. Y uno de los más delicados fue impulsado desde las bancadas oficialistas y ya aprobado por el Congreso a mediados de año. Se trata de una reforma constitucional que permite declarar la nulidad de una elección por “injerencia extranjera”; es decir, por estimarse que sus resultados fueron afectados por la intervención de actores foráneos. La norma ha encendido las alarmas en distintos sectores. Sin desconocer que en el mundo de hoy los intentos por incidir desde el exterior en los procesos electorales de los países son una realidad, una disposición como la aprobada, lejos de resolver el problema, puede transformarse en una peligrosa herramienta para desconocer la voluntad democrática de los ciudadanos.

Y es que la anulación de un resultado electoral constituye una decisión extrema, solo justificable frente a situaciones precisas y de tal gravedad que efectivamente hayan comprometido o torcido la expresión de esa voluntad. En el caso de una supuesta injerencia extranjera, ello plantea una serie de interrogantes respecto de cuándo se configuraría la causal (¿bastaría una declaración de apoyo a algún candidato por parte de un líder extranjero, como las que hoy por hoy realizan figuras de todo el espectro político?) y cómo se demostraría su impacto en el resultado. Casos como el de la “trama rusa” en las elecciones estadounidenses de 2016 han sido señalados como muestra de lo difícil que es probar aquello. También se ha recordado la elección presidencial rumana de 2024, cuya primera vuelta fue anulada por la corte constitucional dos días antes del balotaje, justamente apelando a indicios sobre una supuesta operación extranjera para favorecer a un candidato nacionalista y prorruso, en una decisión que aún hoy causa controversia.

Lejos de hacerse cargo de las dudas que esos ejemplos plantean, la norma constitucional aprobada en México se queda en una formulación tan genérica como vaga. Por cierto, falta aún la discusión de las leyes que operativicen esa disposición y que debieran acotar su alcance. Con todo, la disposición tal como ha sido redactada, entrega un poder inédito al Tribunal Electoral —una instancia ya afectada por polémicas— y, como han advertido académicos, arriesga transformarse en un recurso a usar por Morena para controvertir futuros resultados adversos.