Señor Director:

Una pregunta ausente en el debate sobre las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno es si las nuevas herramientas en materia de seguridad serían eficaces en el combate al crimen organizado.

Desde el estudio pionero del premio Nobel Gary Becker (1968) sobre los fundamentos económicos —beneficios versus costos— presentes en la acción de delinquir y los trabajos empíricos posteriores, principalmente de Daniel Nagin (Universidad de Carnegie Mellon, 2013), Christopher Blattman (Universidad de Chicago, 2023) y Melissa Dell (Universidad de Harvard, 2015) la conclusión ha sido siempre la misma: la “mano dura” tiene menor impacto en reducir el crimen que una mayor probabilidad de captura.

A la luz de lo anterior las reformas constitucionales tendrían desiguales efectos. El nuevo estado de excepción, la interceptación de comunicaciones, la coordinación entre policías y Fuerzas Armadas y el registro y reconocimiento oficial de organizaciones criminales que activa efectos jurídicos y facilita su persecución, al elevar la probabilidad de captura, tendrían mayor impacto disuasivo. En cambio, los regímenes penitenciarios más restrictivos, las limitaciones a los beneficios carcelarios y las penas sustitutivas, la pérdida temporal de determinadas prestaciones estatales y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, si bien aumentan la severidad del castigo, tendrían menor impacto.

Sería del mayor interés que a la discusión legislativa sobre los efectos políticos institucionales de estas reformas se añadiera el potencial impacto de las medidas propuestas.

Rector Universidad San Sebastián