Señor Director:

Recientemente la Dirección del Trabajo decidió restringir el margen para negociar colectivamente en empresas que reciban aportes públicos. Creemos que es un error confundir, o siquiera difuminar, la diferencia entre el Estado y las organizaciones privadas que reciben aportes públicos. Que una institución privada sea financiada total o parcialmente con recursos del Estado no la convierte en un órgano estatal ni justifica extenderle, sin más, las reglas que rigen a la administración pública. Son naturalezas jurídicas distintas y cumplen roles diferentes, que conviene preservar con claridad.

La colaboración entre el Estado y la sociedad civil es una herramienta fundamental para abordar problemas públicos. La participación de privados permite incorporar conocimiento, experiencia, innovación y capacidad de gestión que complementan la acción estatal. Si queremos mejores soluciones para los desafíos del país, necesitamos fortalecer esta colaboración, no desincentivarla con normativas que difuminan la diferencia entre el Estado y privados que participan en la resolución de asuntos de interés público.

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