La carta “La empresa promotora del bien común”, que el cardenal Fernando Chomali presentó el viernes pasado ante más de 300 empresarios, ejecutivos y emprendedores, resulta especialmente oportuna. En un momento en que Chile se propone recuperar la senda del crecimiento, el texto reconoce el valor de la empresa y su aporte a la sociedad, y desde esa mirada llama al mundo privado a asumir un compromiso activo con el país. La presencia, durante la presentación, de ejecutivos de grandes compañías y de los principales gremios evidencia el interés ante una convocatoria a reflexionar sobre el sentido y las responsabilidades de la actividad económica.

El hecho también da cuenta de la nueva etapa que parece estar viviendo la Iglesia Católica chilena. Luego de años marcados por la crisis de los abusos sexuales y el retraimiento público, la llegada de Chomali al Arzobispado de Santiago ha significado un giro importante. Sin desconocer la gravedad de aquellos hechos y procurando asumir las duras lecciones de esa crisis, el cardenal ha desarrollado una activa agenda y no ha dejado de pronunciarse respecto de los temas que inquietan a la ciudadanía. Ello es positivo. Una sociedad pluralista se enriquece cuando las distintas confesiones, desde su propia identidad y sin pretender imponer, participan en la discusión pública, aportando a la búsqueda del bien común.

La carta de Chomali se inscribe en una tradición renovada por León XIV, cuya encíclica Magnifica humanitas vincula las transformaciones tecnológicas de hoy con aquellas que llevaron a León XIII a publicar Rerum novarum, hace 135 años. La inteligencia artificial, ha advertido, abre posibilidades, pero puede excluir, concentrar poder y subordinar a la persona a la mera eficiencia. Frente a ello, el documento pontificio reclama que la calidad y dignidad del trabajo formen parte de los indicadores de éxito de las empresas. El arzobispo santiaguino recoge esa orientación y la aplica a la realidad nacional.

Resulta valioso que lo haga sin desconocer el aporte empresarial. “Tal vez no haya mejor política pública que promover la creación de empresas”, llega a afirmar, reconociéndolas como motor del desarrollo y del empleo. En un debate que a menudo contrapone de modo simplista mercado y justicia social, esta valoración recuerda que sin inversión, iniciativa privada y capacidad emprendedora no existen recursos ni oportunidades que distribuir. La utilidad es un indicador legítimo de una organización bien gestionada, aunque no es el único, como advierte el cardenal, pues pueden coexistir balances positivos con personas heridas en su dignidad.

Allí radica el desafío. La masiva asistencia al encuentro revela disposición a escuchar, pero el asentimiento general que suelen provocar las invocaciones al bien común puede también volverlas inocuas. La carta aborda cuestiones concretas: el desempleo juvenil, la inclusión laboral de quienes han estado privados de libertad, la situación de las mujeres, la conciliación entre trabajo y familia, y el efecto de la inteligencia artificial sobre empleos y trayectorias profesionales. Son decisiones empresariales reales, en las que no siempre será fácil conciliar rentabilidad inmediata, competitividad y responsabilidad social.

El valor de esta iniciativa dependerá, por ello, de lo que siga. A la Iglesia le corresponde perseverar en una presencia pública dialogante, fundada en su doctrina y efectivamente respaldada por coherencia en su actuar. A los empresarios, recibir la carta no como un reconocimiento protocolar, sino como una interpelación. La mejor señal de que este llamado fue atendido serán sus propias decisiones y el modo en que demuestren cómo la empresa puede efectivamente constituirse en promotora del bien común.