Señor Director:

Muchas gracias. Eso es lo que corresponde decir cuando ocurre un milagro y esta carta, publicada hace unos días en este diario, provocó lo que fue imposible en casi tres meses de escritos, correos electrónicos y visitas al tribunal: el Primer Juzgado Civil de San Miguel falló a mi favor un incidente de nulidad en un juicio bajo la Ley 21.461, “Devuélveme mi Casa”. No queda más que concluir que, al menos en mi caso, la vía más eficaz para litigar no es cumpliendo con las normas, sino que la sección cartas al Director.

Lo que su señoría falló a 24 horas de la publicación es lo que mi abogado evidenció en sus escritos sobre el objetivo dilatorio de la contraparte. Nada de eso exigía sabiduría jurídica, sino que solo apegarse a dos hechos: no aceptar recursos fuera de plazo y resolver en los plazos perentorios de la ley.

El falló resolvió el incidente, pero no levantó la suspensión de la causa original. A estas alturas eso importa poco, porque el arrendatario abandonó la propiedad en medio de la noche gracias a que la compañía le cortó la luz, no por una sentencia que nunca llegó.

La tramitación lenta de este tribunal me causó un daño económico y también emocional. Pero hay un costo mayor que eso. Una justicia que llega tarde no solo perjudica a quienes cumplimos la ley, sino que también afecta la democracia al hacer que los ciudadanos perdamos la confianza en el sistema judicial.

A esa reflexión invito a cada integrante del Poder Judicial, partiendo por el juez que no cumplió con los plazos que le impone la ley.