Señor Director:

Lo más revelador del debate actual en torno a las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno es que, por fin, parece haberse instalado una convicción básica: la democracia no se improvisa, no es sano tensionarla ni debe ponerse en riesgo; debe fortalecerse con prudencia, especialmente cuando se trata de enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad de todo un país.

Esta conclusión no surge de la nada. Es, en buena medida, una lección directa del proceso constitucional de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric respaldó un intento de refundación que pretendía alterar profundamente las bases institucionales del país. Aquel proceso dejó en evidencia los riesgos de avanzar sin suficientes acuerdos, sin moderación y sin una comprensión clara de los límites que toda democracia debe respetar.

Por eso, el debate actual no puede analizarse al margen de lo ocurrido entonces. La discusión sobre las reformas constitucionales está inevitablemente marcada por aquella experiencia y, sobre todo, por la contundente reacción de la ciudadanía.

En ese contexto, el histórico 62 % del Rechazo no fue un accidente ni una simple anécdota electoral. Fue un pronunciamiento categórico de los chilenos frente a una propuesta que consideraron excesiva y una exigencia inequívoca de que cualquier cambio institucional se construya con responsabilidad, equilibrio y amplios consensos.

Desde entonces, aquel resultado se convirtió en un punto de referencia imposible de ignorar. Y al observar el debate de hoy, resulta evidente que ese 62 % sigue pesando. Afortunadamente, para bien.