Señor Director:

Respecto de la reforma constitucional en materia de seguridad, el debate acerca de si determinadas medidas pudieran afectar libertades o responder a concepciones calificadas como “iliberales” parece ajeno a la realidad que enfrentan miles de personas que conviven diariamente con la delincuencia y el crimen organizado.

Mientras se discuten categorías doctrinarias, son los sectores más vulnerables quienes ven día a día restringidas sus libertades. Son ellos quienes viven tras rejas, modifican sus rutinas por temor, evitan ciertos espacios públicos y han debido renunciar al libre ejercicio de derechos tan básicos como desplazarse con tranquilidad o disfrutar de sus plazas.

Por ello, antes que encasillar determinadas propuestas en categorías doctrinarias o incluso de exigir que la reforma se retire por autoritaria, corresponde discutir seriamente qué herramientas permiten al Estado cumplir eficazmente su deber de proteger a las personas.

Es de esperar que no debamos ser testigos de una nueva encerrona o de otra víctima de una bala loca para que, ante una nueva falla del Estado, la clase política vuelva a exigir militares en las calles o la declaración de estados de excepción.