En 2025, Junaeb ejecutó el equivalente a mil 680 millones de dólares en sus distintos programas. Dos tercios correspondieron al financiamiento de la alimentación escolar. Ello benefició a poco más de 1 millón 570 mil niños y jóvenes en edad escolar, y a casi 210 mil niños en educación parvularia. En total, se distribuyó un promedio de cuatro millones de raciones diarias. El resto de los recursos se dedicó en su gran mayoría a becas de distinta naturaleza y otros beneficios. La más importante es la beca de mantención en la educación superior, que se entregó a alrededor de 790 mil estudiantes, y luego, el kit de útiles escolares, que benefició a más de dos millones. Estos números hablan de la importancia de Junaeb en la asignación de recursos del Estado y en el bienestar de cientos de miles de niños y jóvenes y, por cierto, de sus familias.

Por estas razones, es un servicio que debiera ser gestionado ejemplarmente. Sin embargo, a veces genera noticia por situaciones difíciles de comprender. Hace dos años, los kits de útiles escolares se distribuyeron con retrasos insólitos: en octubre de ese año aún no se había completado su entrega. Desde entonces, esa situación se ha corregido. Pero el área donde habitualmente se repiten las controversias es la alimentación escolar, el más grande de los programas, al que se destinan más de mil millones de dólares. Ahora, la fiscalía indaga presuntos delitos de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y otros ilícitos de corrupción. Los hechos estarían vinculados a una contratación sobreestimada de raciones que nunca se entregaron, falsificaciones de certificados para acceder a fondos públicos y manipulación de registros informáticos, entre otras irregularidades, en la Región de O’Higgins. Asimismo, se indagan más situaciones complejas en otras regiones.

En este contexto, en días recientes, el Ministerio Público, junto a la PDI, allanó las dependencias de la institución, el domicilio de la exdirectora en el gobierno anterior y también las oficinas de dos parlamentarios que, se indaga, podrían haber sido objeto de sobornos; un exdiputado también es sujeto de interés. Es muy pronto para extraer conclusiones, toda vez que la investigación está lejos de concluir y los congresistas han negado toda participación en estos hechos. La empresa investigada también niega su involucramiento. Sin embargo, hay preocupación por estas situaciones. Después de todo, observar allanamientos en el Congreso no es baladí. Asimismo, no es primera vez que se conocen denuncias sobre aprovechamientos del sistema.

Lo anterior se explica, en parte importante, porque existen dudas respecto de que la institucionalidad con la que cuenta Junaeb sea la apropiada para administrar estos enormes contratos. El proceso de licitaciones ha sido ampliamente reconocido, incluso fuera del país. En un primer momento, fue elaborado por académicos y expertos de Ingeniería de la Universidad de Chile, y se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, pero también se le han introducido modificaciones que obedecen más bien a razones de índole política, más que de eficiencia, como aquellas que buscan dar espacio para la pequeña y mediana empresa. Con todo, el sistema, más allá de las quejas que genera toda licitación, ha funcionado bien. Los problemas surgen en la administración de los contratos. Como las licitaciones no pueden anticipar todas las contingencias, ocasionalmente deben introducirse correcciones y, si bien ellas están protocolizadas, hay situaciones que pueden prestarse para discrecionalidad. Esto es lo que lleva a preguntarse si la forma en que está estructurado este servicio es la apropiada. En momentos en que se habla de empleo público y de arquitectura del Estado, esta institución representa un interesante caso de estudio. En lo principal, transfiere recursos y gestiona contratos. Posiblemente, su modelo actual, que no difiere mayormente del de otros servicios, debiera repensarse. Un elemento fundamental a considerar es cómo poder aislar esta organización de las enormes presiones que suele recibir, atendido el volumen de recursos que administra y transfiere.