La Contraloría ha emitido un duro informe sobre las actuaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como fiscalizadora del contrato de Fibra Óptica Nacional entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, asignado a la empresa Wom. Luego de una auditoría, el ente contralor determinó que —durante el gobierno anterior— la Subtel no cobró todas las garantías correspondientes a los incumplimientos contractuales en que incurrió dicha empresa, dejando que algunas de ellas expiraran, pese a los retrasos en la puesta en servicio del sistema. Dado que esas garantías vencieron, no será posible ya cobrarlas. El informe, además, advierte que la Subtel aceptó de Wom boletas de garantía por un valor inferior al que correspondía. Por todo lo anterior, en sus conclusiones, la Contraloría exige que la Subsecretaría modifique sus procedimientos, para evitar que se repitan casos como este, y que se investigue y sancione a los responsables. Además, hizo llegar copia de su investigación al Consejo de Defensa del Estado.

Chile ha implementado una política de despliegue de fibra óptica en las localidades más apartadas a lo largo del país. El objetivo es doble: por una parte, garantizar equidad en el acceso a este servicio, y por otra, contribuir a reducir las desventajas económicas que enfrentan los habitantes de esas zonas y así mitigar su migración. Para estos fines es que existe, desde 1994, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que también opera en áreas urbanas de bajos ingresos y, en general, en aquellas partes del territorio donde el mercado requiere de subsidios para proveer servicios. Así, por ejemplo, la Subtel licitó en 2017 y 2019 la provisión de fibra óptica en el extremo sur, lo que se logró en 2022, con la conexión mediante fibra de localidades como Caleta Tortel, Villa O’Higgins, Timaukel o Puerto Williams, sin más retrasos que los causados por las dificultades de la propia subsecretaría para fiscalizar en lugares tan remotos.

En el norte, sin embargo, la situación ha sido distinta. Cuando se adjudicaron los contratos a Wom (por $52 mil millones), en junio de 2020, la ingeniería de detalle debía tardar 12 meses y la puesta en servicio debía ocurrir 23 meses después, en mayo de 2023. Luego, entre 2022 y 2024, la Subtel emitió decretos que alargaban los plazos. En un caso, la prolongación fue de 51 meses, desde junio de 2020, mediante un decreto emitido dos años después de la fecha en que la región debía disponer del servicio. El retraso tuvo varias causas: primero, la pandemia; segundo, la débil situación financiera que atravesaba Wom, y, tercero, la demora en las revisiones de la ingeniería de detalle por parte de la propia Subsecretaría.

Cuando se cumplió el plazo final del contrato con Wom, esta solicitó la recepción de las obras. La Subsecretaría no las aceptó, porque eran deficientes, pero no cobró las garantías, como correspondía. Como explicación, argumentó que había dado un plazo adicional a la empresa para subsanar las deficiencias. Es posible comprender la complejidad de la situación que enfrentaba en esos momentos la Subtel, al tratar con un operador que se encontraba en crisis financiera, pero resulta claro que el manejo del tema durante la administración pasada fue a lo menos ingenuo, al punto extremo de que significó haber dejado sin cobrar un total de $3.792.502.457 en boletas de garantía.

El punto es delicado. El uso de garantías para hacer cumplir los contratos del Estado ha dado en general buenos resultados, pero eso exige su cobro efectivo cuando no se cumplen las condiciones establecidas. No cobrarlas genera un problema reputacional para futuros contratos y debilita el mecanismo. En este sentido, el informe de Contraloría constituye un llamado de atención para evitar que un instrumento valioso para proteger los intereses del Estado pierda su credibilidad y eficacia.