La segunda licitación de la Ruta Los Libertadores recibió cuatro ofertas, lo que es una buena noticia. En efecto, aunque este no es el único caso reciente con tres o más oferentes, desde julio de 2024 ha habido cuatro licitaciones a las que se han presentado dos o menos participantes. Incluso, a menudo, los nombres de los únicos interesados se repiten, otro indicador de licitaciones poco competitivas, situación que es de esperar vaya quedando atrás. Y es que un mayor número de competidores tiende a garantizar un mejor resultado, con menores costos y mayor bienestar social.

La nueva concesión para la carretera que une Santiago con Los Andes y la ruta hacia Argentina incorpora varias medidas para mejorar el servicio. Habrá terceras pistas en los primeros 23 km, un segundo túnel, una nueva conexión con la Ruta 5 y el mejoramiento de la conexión que ya existe entre las dos carreteras. Además, habrá una nueva ruta alrededor de Los Andes, nuevos puentes y pasos sobre nivel, y otros cambios. Con todo, sorprende el costo, con un valor estimado de US$ 1.018 millones. Este incluye unos US$ 120 millones por expropiaciones y otras decenas de millones en gastos en los que deberá incurrir el concesionario; por ejemplo, los costos de administración del contrato para el Estado, y los cambios en los servicios públicos. Además, el Estado recibirá parte de los ingresos que genere la concesión durante la fase de construcción. Si el proyecto avanza según el cronograma establecido en las bases, ese porcentaje será bajo. Pero, si se retrasa la puesta en servicio de alguna de las etapas, el Estado recibirá un 40% de los ingresos totales hasta que el concesionario se ponga al día o se otorgue la puesta en servicio definitiva. Es una innovación interesante, que debería incentivar a avanzar con el proyecto aunque el concesionario reciba ingresos por las obras ya existentes.

Pero, pese a la mayor competencia y a innovaciones contractuales positivas, no todo parece estar bien en Concesiones. La adjudicación del sistema de alerta de tsunamis, por ejemplo, ha sido impugnada por el mismo consorcio que presentó esta iniciativa privada, pero no resultó ganador. A su vez, los privados se quejan por la suspensión de la concesión de los Corredores del Biobío, y por el retraso de varias licitaciones programadas. Según el ministro de Obras Públicas, esto se debe a la “necesidad de fortalecer los proyectos antes de su llamado a licitación”.

Las empresas de la construcción sostienen que la alternativa de realizar proyectos mediante la fórmula de obra pública es peor, debido a la rigidez del Ministerio, la falta de buenos mecanismos de asignación de riesgos y la ausencia de un esquema de resolución de conflictos (a diferencia de las concesiones). Por su parte el ministro ha señalado que espera aumentar en casi un tercio el monto de concesiones adjudicadas durante su período respecto a lo que estaba planeado. Actualmente, sin embargo, hay solo unos pocos proyectos con procesos de licitación activos y sería bueno tener más detalles sobre los planes de expansión del sistema, en un país que enfrenta costos logísticos al alza.