Después de completar 12 sesiones, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el 18 de octubre de 2019 concluyó su trabajo en medio de una fuerte polémica, por sus cuestionamientos al manejo de la situación por parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En efecto, sin nombrar al exmandatario, las conclusiones aprobadas cuestionan “el excesivo incumplimiento del gobierno de la época” en resguardar el orden público y cuidar la seguridad de las personas.

La comisión nació con ambiciones importantes. Así lo muestra la solicitud para su creación suscrita en abril pasado por 63 diputados. Y es que si bien su objeto declarado era reunir información sobre la actuación del Estado frente a la violencia del estallido, en el mismo documento se habla expresamente de que los parlamentarios “podrán recabar y obtener todos los antecedentes necesarios a modo de transparentar a la nación quién o quiénes” fueron los grupos, personas y organizaciones que “participaron, incentivaron, respaldaron, financiaron, avalaron y protegieron directa o indirectamente los hechos de violencia en comento y a sus autores materiales e intelectuales”.

Como lo reconoció el propio presidente de la comisión, tal propósito quedó incumplido. Es cierto que la comisión no recibió gran colaboración para sus tareas: de 32 invitados, solo concurrieron 17, y de 65 oficios enviados, apenas 10 fueron respondidos. Pero precisamente este fracaso investigativo debió haber llevado a una mayor prudencia a la hora de emitir sus conclusiones. Debe reconocerse que algunas de ellas recogen lo que a estas alturas son verdaderos consensos, como las debilidades del sistema de inteligencia y en general la falta de preparación del país para haber enfrentado un episodio como el del 18 de octubre. Pero, precisamente por corresponder aquello a debilidades estructurales del Estado, resulta impropio —y también injusto— el señalamiento que se hace del gobierno de Sebastián Piñera. Se llega así al resultado absurdo de que una investigación que buscaba traer claridad al país respecto de gravísimos y violentos hechos en los que se pretendió desestabilizar el orden institucional, concluye cuestionando al mismo gobierno que fue víctima de esa operación desestabilizadora.

Por cierto, la administración Piñera cometió errores en esos días y es legítimo discrepar de las decisiones que adoptó. Con todo, resulta sintomático el hecho de que, mientras más ha pasado el tiempo, más ha crecido la valoración de la prudencia con que el exmandatario actuó frente a la mayor crisis vivida por el país en 30 años de vida democrática.

Es incomprensible, finalmente, que este informe, respaldado por diputados de los partidos Republicano y Nacional Libertario, lo haya sido también por los representantes de la UDI y RN en la comisión, colectividades que integraron ese gobierno y que reivindican su legado.