Hace unos pocos días el Presidente Kast cuestionó a quienes han afirmado que estaríamos frente a un ejemplo de gobernante iliberal. Tiene razón. Estos se caracterizan, entre otros aspectos, por intentar disminuir la libertad de expresión y restringir los espacios de sus opositores políticos. Para avanzar en esta dirección utilizan distintas artimañas y también las instituciones del Estado (Guriev y Treisman, Spin Dictators). Nada de lo que ha hecho o declarado el Gobierno en sus primeros seis meses de gestión se acerca un ápice a esas acciones.

Por eso es un error enorme su proyecto de reforma constitucional para fortalecer el sistema de seguridad pública. Hay varios aspectos del proyecto que son discutibles, pero ninguno es tan grave como la creación de un nuevo estado de excepción en aquellos casos en que ocurra una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. Y si bien toda Constitución democrática incorpora estados de excepción, su establecimiento debe ser un espacio de especial atención, dada la concentración de competencias y la alteración del equilibrio de los poderes habituales de las constituciones democráticas.

No es raro, entonces, que la propuesta haya causado alarma y reprobación. Por ello, hay negociaciones en curso. En esta materia la única alternativa real es desechar la posibilidad de que, por asuntos de seguridad pública se pueda dictar un estado de excepción. Si se insiste en este camino, aun si se alcanza un acuerdo en su diseño definiendo, por ejemplo, una aprobación previa del Congreso antes de dictar el estado de excepción, se accederá a esa pendiente resbaladiza de los gobiernos iliberales, diluyendo las declaraciones presidenciales aludidas.

Se puede quizás entender la motivación detrás de la iniciativa. Es indudable que la libertad supone ausencia de dominación. Es la definición que habitualmente privilegia el republicanismo (no confundir con el Partido). Y es muy posible que en distintos lugares del país el crimen organizado ejerza, o esté en condiciones de hacerlo, una dominación que no es compatible con un Estado de derecho y un régimen amplio de libertades civiles y políticas. Sin embargo, la capacidad del Estado en estas materias depende mucho más de cómo están organizadas sus instituciones y, en un sentido amplio, de la efectividad de su burocracia, que incluye, por cierto, las policías y los organismos especializados en el control de los delitos. Es en su funcionamiento donde cabe profundizar más.

Esta modificación constitucional, en cualquier forma, representa más bien un riesgo para las libertades personales antes que una real contribución al anhelo de mayor seguridad pública que expresa con tanta claridad la ciudadanía.

El término iliberal, si bien no es nuevo, lo hizo popular Fareed Zakaria en la segunda mitad de los 90 (artículo en Foreign Affairs) para apuntar a aquellos países que estaban abandonado sus autoritarismos, pero que carecían de una tradición liberal y que, por lo tanto, si bien sostenían elecciones periódicas, no fortalecían las instituciones y normas que acompañaban a las democracias liberales. Con todo, desde mediados de los 70 y hasta mediados de la primera década de este siglo las libertades civiles y políticas no dejaron de crecer en el mundo (Freedom House). Lamentablemente, desde ese entonces no han dejado de retroceder. Muchas veces no ocurre por un deseo explícito de que así sea, toda vez que los fines pueden ser loables, sino precisamente por decisiones equivocadas como las que incluye este proyecto.

Los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson han argumentado convincentemente que existe un estrecho corredor que permite instalar la libertad en una sociedad moderna. Para ello sería indispensable lograr un equilibro apropiado entre una sociedad civil dinámica y fuerte y un Leviatán encadenado (uno que no sea ausente ni despótico). Más allá de algunos cuestionamientos que se pueden hacer a la forma en que plantean esta interacción, esta imagen es apropiada para esta discusión. No queremos tentar al Leviatán despótico. En esas circunstancias es siempre la libertad la que sufre. Chile tiene que seguir contribuyendo a ampliar las libertades civiles y personales, fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones. El control del crimen en estas circunstancias es indispensable, pero el verdadero desafío en este ámbito es asegurar que las organizaciones públicas responsables sean más efectivas en esta tarea.