Ser partidos de gobierno tiene algo de esa película de Meryl Streep y Jack Nicholson “El difícil arte de amar”. El desafío no está solo en llegar juntos, sino también en aprender a convivir después. Y en política, convivir significa saber cuándo respaldar, cuándo discrepar y cuándo marcar un límite.

El Gobierno presentó una robusta agenda en materia de seguridad y el ministro Arrau se ha desplegado en terreno día y noche. Literalmente. El sí que “habita” su cargo, como dirían los antiguos inquilinos de La Moneda.

Desde el oficialismo han sido claros en respaldar las medidas anunciadas. Sin embargo, la reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción ha provocado diferencias legítimas.

El ministro Arrau ha mostrado total disposición a escuchar y corregir. Y los parlamentarios de gobierno han planteado sus diferencias en el marco que corresponde: proponiendo mejoras y cambios concretos.

El rol de los partidos oficialistas nunca es fácil. Pueden existir partidos incondicionales que defienden todo porque es “nuestro gobierno”. O partidos desleales que cuiden su identidad, aunque debiliten al gobierno que integran. Pero entre ambos extremos existe la opción de una lealtad crítica y autonomía responsable, es decir, precisamente porque es “nuestro gobierno” se debe advertir y corregir.

La oposición controla al Gobierno desde afuera. El oficialismo lo cuida desde adentro. La oposición busca hacer responsable al Ejecutivo de sus errores. Los partidos de gobierno buscan evitar que los cometa.

Para que esto funcione, hay ciertas líneas rojas que respetar. Los partidos tienen dos. La primera, no sorprender públicamente al Ejecutivo con diferencias que pudieron plantearse en privado. La segunda, en lenguaje capitalista, no privatizar los éxitos y socializar las pérdidas. Los gobiernos, por su parte, tienen una: no anunciar decisiones relevantes que nunca fueron conversadas internamente, y pedirles después a sus partidos que las defiendan.

En simple, los parlamentarios de gobierno deben preguntarse: ¿lo planteé primero adentro?, ¿estoy proponiendo una alternativa o solo marcando distancia?, ¿lo hago para corregir un error o solo para beneficiarme de esa equivocación? Y los gobiernos, por su parte, deben cuestionarse: ¿el partido o parlamentario oficialista tuvo oportunidad de influir antes de exigírsele lealtad?

Luego de fijar estos límites, surge la cuestión central: ¿cuándo debe prevalecer la disciplina y cuándo la libertad?

En situaciones críticas, acusaciones constitucionales o acciones contra ministros, disciplina. No se puede integrar un gobierno y, al mismo tiempo, amenazar su capacidad de gobernar.

En los compromisos explícitos del programa, lealtad. Un partido que ingresó al Gobierno no puede decir, meses después, que siempre estuvo en contra de aquello que se prometió.

En políticas nuevas que no estaban en ese acuerdo, libertad. El compromiso es con lo acordado, no con todo lo que se proponga más adelante, salvo que esas nuevas iniciativas se hayan adoptado internamente entre todos.

Pero por encima de esta distinción, hay dos ámbitos en los que la autonomía responsable y la lealtad crítica son irrenunciables.

Primero, en materias de identidad. Los partidos de gobierno no se han fusionado, por tanto, es necesaria la diferenciación y claridad en qué aporta cada uno al éxito de la actual administración. No se trata de construir identidad a costa del Ejecutivo, sino dentro de él.

Segundo, y más importante, cuando esté en juego la democracia, los derechos fundamentales, la probidad o el respeto a la Constitución. En esas materias, la libertad debe primar siempre sobre la disciplina. Son asuntos que pueden justificar, y en ocasiones hacer necesarias, discrepancias públicas excepcionales. Pero siempre con responsabilidad: cuestionando una decisión o una política específica sin erosionar por ello la legitimidad del Gobierno.

Cualquier Presidente (y sus ministros) necesita que sus propios partidos y parlamentarios sean capaces de decirle, antes que nadie, aquello que la oposición le dirá después. Y hacerlo cuando todavía hay tiempo para corregir.

Que hoy sean parlamentarios de derecha quienes proponen enmiendas a la reforma constitucional que ya La Moneda se abrió a acoger habla bien del Gobierno y del sector. Porque no da lo mismo quién corrige un error: cuando lo hacen los propios, gana el oficialismo; cuando lo hace la oposición, pierden el Gobierno y los partidos que lo apoyan.