Creo que hay tres temas esenciales ante al dilema de si legislar o no en asuntos económicos complejos: el cuándo, el qué/cómo y las sorpresas del proceso. Sobre el cuándo, me resuena eso de: “ni tan antes ni tan después”, aunque sé que la ley nace generalmente rezagada. Respecto al qué/cómo, se me viene a la cabeza “ni tanto ni tan poco”.

Un proyecto de ley requiere madurez, tanto en la problemática como en la “solucionática”. Esa madurez se obtiene de una evaluación técnica sopesada, basada en la evidencia, que llegue a puerto en un tiempo razonable. La evaluación se cocina a fuego lento, fuera de las redes sociales, por personas calificadas. Ahí se deben dimensionar el desafío, los deslindes que entregan las leyes vigentes y la revisión de las regulaciones extranjeras que intenten conjurar esos riesgos.

Un ejemplo de apresuramiento lo encontramos en el proyecto de ley sobre IA, presentado por el gobierno anterior (y en evaluación por el actual), a semejanza de una norma europea incipiente, en donde se busca regular la IA, pero sin una evaluación profunda del fenómeno en Chile, de los instrumentos adecuados y en ausencia de experiencias foráneas exitosas. Riesgoso intento, donde no basta el entusiasmo de sentirse pionero. Algo parecido ocurrió con un proyecto sobre plataformas digitales, presentado el 2021 por un grupo de senadores, actualmente archivado: mucho voluntarismo, poco estudio y escasa prudencia.

En cuanto a tardanzas, se me aparece la ley de datos personales. A pesar de que el tema es crítico, la ley demoró demasiado en ser aprobada, lo que dificulta su aplicación: las empresas ya se acomodaron a operar sin mayores restricciones. Para más remate, la ley puede no llegar a implementarse por la falta de designación de los comisionados, cargo con múltiples inhabilidades y escasa remuneración relativa.

En general, me temo que se requiere que los riesgos se concreten en casos, previos a la discusión de cualquier proyecto, para que se entienda el problema. Casos que desnuden los riesgos anotados y la incapacidad de procesarlos por las instituciones existentes. Casos que hagan levantar las cejas al mundo político y a los ciudadanos. No tantos casos, eso sí, para no caer en legislar “en caliente”, sin el estudio previo. Pienso en la colusión de las farmacias, del pollo y del tissue, que aceitaron las modificaciones a la ley de competencia. Pienso en las tensiones políticas que ha suscitado la inversión extranjera —tensiones que hace un par de años se tradujeron en un descabellado proyecto de reforma constitucional— y que nos obligan a preguntarnos si no será necesario contar con un mecanismo de revisión ad hoc. No hacer nada tampoco es gratis: cuando explote un caso grave —algo probable—, la discusión se va a encarajinar y aflorará la improvisación, bajo la sombra del escándalo.

Sobre el qué/cómo, el proyecto tiene que ser preciso en la descripción de las obligaciones y establecer una institucionalidad equipada para procesar los casos. Los riesgos son evidentes. Por un lado, subregular, al no capturar situaciones que debieran prohibirse o instaurar una autoridad enclenque. Por el otro, sobrerregular, afectando otros derechos que debieran ser protegidos, como la innovación o la inversión. Si, en cambio, la regulación es un traje a la medida, entonces, la autoridad respectiva es capaz de encauzar la presión que genera un posible riesgo, de manera racional y proporcional, antes de que arda la pradera de la política.

En la práctica, en Chile los proyectos de regulación económica provienen del Ejecutivo, en especial Hacienda o Economía. El Congreso chileno carece, a mi juicio, de capacidad para realizar estudios profundos en asuntos complejos. El rol del Congreso, sin embargo, es clave para evaluar la pertinencia del proyecto y armonizarlo con otros valores a proteger, porque son nuestros representantes.

Sobre las sorpresas, por desgracia, aunque se tenga un proyecto maduro (basado en un estudio previo), presentado en el momento oportuno (antecedido por algunos escándalos) y preciso (equilibrando los distintos valores en juego), las cosas pueden no salir del todo bien. Como ocurrió con la ley de los notarios, que cumpliendo con esos requisitos, un eficaz lobby truncó el alcance de las reformas. Nuestro actual Congreso es fértil en sorpresas: se sabe cómo entra un proyecto, pero no cómo termina en ley y, como siempre, el diablo está en los detalles.