Termina una semana marcada por el duro tropiezo del Gobierno tras el envío de una reforma constitucional sobre seguridad al Congreso, la que no solo está mal diseñada, sino que genera aprensiones sobre la deriva que puede tomar esta administración de persistirse en un camino en que hay demasiada precipitación. Más allá de hacer uno u otro cambio puntual al proyecto, a lo cual se ha abierto rápidamente el Ejecutivo, previamente cabe preguntarse si es o no indispensable una reforma de estas características, que entre otras cosas introduce un nuevo estado de excepción, modifica sustancialmente el papel que pueden desempeñar las Fuerzas Armadas y crea un registro nacional de organizaciones criminales y terroristas. No está de más recordar que nada de esto que hoy el Gobierno considera indispensable hacer fue incorporado en la propuesta constitucional de 2023 —finalmente rechazada por la ciudadanía—, pese a que el Partido Republicano junto con Chile Vamos contaban con una amplísima mayoría y la crisis de seguridad era la principal demanda ciudadana.

Con todo, se trata de un debate necesario que no puede eludirse tras las simples consignas (ver editorial arriba), como se ha visto lamentablemente en ciertos sectores de la oposición. La crisis de seguridad por la que atraviesa el país, particularmente marcada por la penetración de la criminalidad organizada, exige estudiar permanentemente las nuevas y mejores experiencias comparadas y estar abiertos a incorporarlas a nuestro ordenamiento, incluso el constitucional, siempre que se justifique suficientemente su conveniencia, más allá de la mera casuística, y se delimiten adecuadamente los alcances de las modificaciones introducidas.

Si algo ha faltado hasta ahora es una discusión en que intervengan los expertos y se analicen desapasionadamente los cambios. Ningún sector político puede cerrarse ex ante a este debate. Si se actúa de buena fe y con rigor, y se despejan legítimas aprensiones, no es impensable que se produzcan consensos transversales. Tienen aquí el Gobierno y también el Senado una buena oportunidad de enmendar el rumbo, resaltar la seriedad con que se deben abordar las políticas públicas y producir un amplio acuerdo, sea o no de carácter constitucional. Y es que la mera popularidad de una u otra decisión no puede ser nunca el baremo para impulsar cambios, más aún cuando ellos pueden terminar afectando indebidamente garantías fundamentales.

Boric y el Frente Amplio

En la oposición, el protagonismo lo sigue teniendo el Frente Amplio, partido que tuvo en estos días la renovación de su directiva resultando vencedora la diputada Gael Yeomans. Ella emerge como un liderazgo más disruptivo, la expresión de un descontento interno que cuestiona aquellos relatos que han querido instalar la idea del “aprendizaje” frenteamplista, entendiendo por ello la supuesta moderación de planteamientos luego del baño de realidad que significó ser gobierno. Muestra que hay en las bases del Frente Amplio una profunda insatisfacción de no haber podido llevar a cabo sus propuestas más radicales. La idea expresada por las nuevas autoridades del FA en cuanto a que el “Congreso Ideológico del que venimos saliendo marcó una ruta que el partido entero abraza y de la cual se siente orgulloso: una ruta orientada por el socialismo, el feminismo, el ecologismo y la democracia”, es una muestra de esta deriva. Dicho documento consensuado hace solo algunas semanas ratificaba la aspiración de “superar el capitalismo”, reivindicaba la lucha de clases como “categoría explicativa central” y, en general, revalidaba conceptos que dominaron la Convención Constitucional.

Boric, en sintonía con las nuevas autoridades partidarias, reivindicó esta semana sus convicciones de izquierda y las emprendió ahora contra la “moderación”. “No permitamos que en nuestros países nos traten de disciplinar ni de amansar, ni de decirnos que la única solución posible es jugar a la moderación”, sostuvo. Y es que, a su juicio, “las ideas radicales de justicia, igualdad” sí tienen cabida. “Mientras uno tiene una causa por la que luchar vale la pena vivir. Y nosotros pucha que las tenemos”, agregó. Hay en esto último un ejercicio retórico habitual entre ciertos dirigentes e intelectuales de izquierda: a pesar de la evidencia del fracaso y el daño causado por proyectos “radicales” que terminan condenando a países a la pobreza, siempre encuentran la justificación de su actuar en supuestamente haberlos motivado el propósito de construir una sociedad mejor.

Mientras tanto el Socialismo Democrático sigue en un penoso segundo plano, sin la voluntad o la fuerza para ofrecer al país un proyecto alternativo al de la izquierda más dura. Posturas más parecidas a las que tuvieron durante la Concertación son acusadas de “continuadoras del modelo” o de “moderadas”, cerrándoles incluso desde dentro de sus propios partidos toda posibilidad de que se desplieguen. Hasta ahora no se ve cómo la situación podría cambiar.