A cadena perpetua condenó el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen a Xu Jiayin, fundador de Evergrande, una de las principales empresas inmobiliarias chinas. La quiebra de esta, hace cinco años, desencadenó un ajuste en el sector de desarrollo y construcción de viviendas residenciales que hasta el día de hoy se resiente fuertemente en ese país. La drástica condena al fundador y las multas a la compañía son reveladoras del tamaño del problema económico generado, así como de la dureza con que el régimen trata los casos de indisciplina política o financiera.

La crisis inmobiliaria en China está asociada a un exceso de construcción en ciudades de tamaño intermedio (para los estándares de esa potencia), denominadas Tier 2 y Tier 3, donde la demanda no acompañó al desarrollo de los proyectos. Ese exceso de oferta y la crisis del covid repercutieron en la masiva quiebra de inmobiliarias cuyo financiamiento no solo venía de bancos y emisiones de bonos, sino también de los mismos ahorrantes, que debían enterar sus pagos durante el proceso de construcción. Por ello, la crisis, junto con golpear la solvencia de las empresas, tuvo también un fuerte impacto social, con familias que veían perderse sus ahorros. El gobierno chino, entonces, empujó a los bancos a financiar a las inmobiliarias para terminar los proyectos y entregar las viviendas a esas familias, proceso que ha sido en parte exitoso, pero que ha generado daño en la calidad de la cartera de los financistas.

En el caso de Evergrande, su deuda alcanzaba tal volumen que sus dificultades financieras fueron a su vez reveladoras de la magnitud del problema inmobiliario. La empresa fue acusada de modificar sus estados financieros para mostrar una situación mejor que la real, lo que le permitió emitir bonos en condiciones distorsionadas. Estas acusaciones son las que formalmente justifican la condena de su fundador. Además, la firma —que llegó a ser un ícono corporativo en China— fue deslistada de la Bolsa de Hong Kong en 2025, y la auditora PWC está siendo demandada por su responsabilidad.

Sin embargo, es difícil entender el tamaño del castigo solo a partir de problemas de carácter financiero. En los últimos años, una serie de campañas correctivas han sido diseñadas de manera de disciplinar a políticos, burócratas y empresarios en su modo de actuar. Aunque las numerosas acusaciones han sido justificadas por las faltas a la probidad, son funcionales también a un plan destinado a dejar claros la centralidad y el poderío del Partido Comunista y, en particular, de su líder, Xi Jinping. Por ello, los casos públicos de personalidades en cuyo comportamiento o liderazgo se ha querido simbolizar aquello contrario a los criterios de Xi, han recibido durísimas condenas, como la impuesta a Xu Jiayin.