El Gobierno debe sacar las debidas lecciones luego del tropiezo sufrido con el reciente envío de la reforma constitucional sobre seguridad pública. Es un error político que no cabe minimizar y que ha generado legítima inquietud no solo en la oposición, sino en distintos sectores de la ciudadanía que, pese a no compartir en su totalidad el ideario de esta administración, están comprometidos con el éxito de su gestión y reconocen la situación de emergencia existente en materia de criminalidad organizada.

Más allá del debate de fondo acerca de si es necesario o no un cambio constitucional para combatir este tipo de delincuencia y sobre las concretas modificaciones que se proponen —a pocas horas de presentado el proyecto en el Congreso nadie, ni siquiera el Gobierno, parece defender ahora varios de los artículos de un proyecto que lleva la firma del Presidente y de cuatro de sus ministros más destacados—, este episodio da cuenta de cierta ansiedad en copar la agenda, improvisación y, sobre todo, falta de equipos técnicos y jurídicos robustos que apoyen al gabinete y participen en el proceso previo a la elaboración de un mensaje presidencial de tal trascendencia.

Es cierto que el Gobierno tiene todo el derecho de enviar un proyecto de reforma constitucional si así lo considera y sería absurdo que estuviera inhibido de hacerlo, como pretenden algunos en la oposición; que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país exige actuar con rapidez y decisión; que, luego de que asumiera el ministro Martín Arrau, se ha conseguido darle la prioridad pública que merece a la que fuera su principal promesa de campaña; que muchas de las medidas planteadas por el Ejecutivo cuentan hoy con amplísimo apoyo ciudadano, y que distintas cifras muestran ya un avance, naturalmente todavía insuficiente, en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, nada de ello justifica actuar con precipitación, menos tratándose de una reforma constitucional que afecta derechos individuales, cuyos efectos trascienden uno u otro proyecto de ley en particular que puede estar pensando en tramitar el actual Gobierno. Autorizaciones generales como las contenidas en el texto, falta de controles para decretar medidas intrusivas o que puedan afectar la libertad de las personas o cambios al papel que se les asigna a las Fuerzas Armadas, entre otras propuestas, pueden tener consecuencias impensadas en el futuro.

Suele haber aquí también una falta de comprensión del papel que juegan las garantías individuales, como si solo buscaran proteger a los “otros”, que serían los delincuentes, cuando la realidad suele ser mucho más compleja, y muestra que el debilitamiento institucional y malas regulaciones pueden terminar afectando injustificadamente los derechos de cualquiera.