Señor Director:

Como académica ciega dedicada a la educación e inclusión, me urge relatar un episodio que expone dos profundas grietas de nuestro país: la falta de criterio en la formación profesional y la perversa paradoja de un sistema en que una persona capacitada para aportar a la sociedad es incapacitada por la ley.

Tras una hora de espera en una notaría de La Dehesa, me impidieron firmar la constitución de la fundación que yo misma impulsé. ¿El motivo? El notario insistió en leerme las 25 páginas del documento, haciendo caso omiso a la explicación de que la tecnología con la que trabajo ya me las había leído y que fui yo misma quien revisó cada cláusula. Peor aún: por decreto legal se me declaró incapaz, exigiéndome la firma de un “tutor” y relegándome a poner solo mi huella digital.

Al día siguiente me permitieron firmar, y no tengo nada contra el notario en cuestión ni contra otros que, como él, han insistido en cumplir la ley. Sin embargo, desde mi rol docente, invito a reflexionar en torno a lo insólito de la situación: una profesional con máster en España, graduada de la Universidad Católica y que dirige el área de Posgrados de su Escuela, es anulada jurídicamente por el mero hecho de no ver.

En 2008, Chile ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 12 consagra la plena capacidad jurídica. No obstante, las personas ciegas siguen necesitando un tutor que firme por ellas y no pueden testificar ante la ley. Confundir los apoyos de la discapacidad intelectual con la discapacidad sensorial no solo revela ignorancia, sino una ciega adhesión a normas del siglo XIX, anacrónicas con los avances tecnológicos y la cultura inclusiva a la que se obliga todo país que firme la Convención.

Llama la atención que, siendo ciega la senadora con más alta votación, la revisión de estas leyes anticuadas y discriminatorias no tenga carácter de urgencia en el Congreso. Más aún, mientras la clase política se desgasta en peleas estériles, el sistema declara incapaces por decreto a ciudadanos autónomos.

Si realmente queremos avanzar, necesitamos formar profesionales que sepan discernir con criterio y pongan sus conocimientos al servicio de la dignidad humana.

Académica Escuela de Psicología U. Finis Terrae