Mi referencia (carta del 11 de agosto) al 61,3% obtenido por ciencias sociales y humanidades a lo largo de la historia del programa Becas Chile ha motivado reacciones diversas en los últimos días (Lucía Santa Cruz, John Müller). Quisiera aportar algunos elementos de juicio adicionales.

Hasta donde he podido investigar el asunto, ese resultado parece explicarse por una combinación de factores.

Como se sabe, el programa pretendía articular una política nacional de “formación de capital humano avanzado”. Pero esta última noción quedó insuficientemente determinada desde el comienzo. Sobre esa base, se decidió financiar masivamente posgrados, incluidos magísteres, sin ninguna focalización disciplinaria. La asignación de becas, basada en un procedimiento de selección sin cuotas disciplinares, fue gobernada fundamentalmente por la demanda.

En la serie histórica, esta última muestra un enorme peso de las postulaciones para grados de magíster, que se concentran, además, muy fuertemente en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Se añade, como ha señalado Sebastián Edwards, que no se estableció tampoco un umbral mínimo de calidad de las instituciones y los programas de destino.

Todo esto es lo que explica, en buena medida, el resultado global, sin que haya que suponer un sesgo introducido por el mecanismo de selección, que, de hecho, no parece que lo haya habido. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que un sistema sin cuoteo, para ser defendible, debe introducir elementos que eviten posibles distorsiones de la competencia. Las prácticas de calificación y la distribución de las notas difieren significativamente entre disciplinas, y hay abundante evidencia internacional de fenómenos de inflación diferencial de las calificaciones. Existen, por lo mismo, diversos mecanismos de corrección diseñados para mitigar el efecto distorsivo del factor “notas”.

El programa Becas Chile consideraba el ranking de egreso, que introducía un elemento relativo de comparación. Pero recién en 2017 se implementó un sistema parametrizado para la evaluación de los antecedentes académicos de pregrado, y no parece que esta parametrización haya incorporado una normalización disciplinaria de las calificaciones. Habría que estudiar en detalle el impacto real que estas diferencias pudieron tener sobre los resultados.

En cualquier caso, parece claro que el desbalance que revela el 61,3% no puede presentarse como una simple consecuencia imprevista del programa. Ya antes de la puesta en marcha de Becas Chile, y a lo largo de la historia del programa, se sucedieron advertencias institucionales (Conicyt, OCDE/Banco Mundial) acerca de la falta de focalización estratégica. Desde 2013 a más tardar, se tenía, además, una advertencia específica sobre la dudosa justificación de financiar masivamente magísteres con recursos públicos. Sin embargo, en 2017 Dipres constataba que el programa seguía regido todavía por una lógica de demanda, aunque calificaba su desempeño globalmente como suficiente. Todo parece indicar, pues, que estamos ante un caso de diseño defectuoso y deficiente control correctivo de una política pública que, desde su implementación, concedió 12.589 becas, con una inversión total que, según las cifras disponibles, puede estimarse en el orden de los US$ 1.000 millones.

Por lo demás, el caso parece proporcionar una segunda lección que merece ser considerada con la debida atención: una política pública razonable no puede identificar automáticamente la demanda individual de credenciales con la necesidad social de capital humano avanzado.