Al asistir esta semana al acto de cambio de mando de la Federación de Medios de Comunicación, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que una parte del periodismo de opinión había construido, o estaba en vías de construir, la idea (a la que llamó “mito”) de que el suyo era un gobierno “iliberal”.

¿Lo es?

Para saberlo es necesario reparar en el significado que posee el concepto de “democracia liberal”. En ese concepto están envueltas dos ideas distintas. Una es la de la democracia conforme a la cual el poder debe ser ejercido por quien logre para sí la adhesión de la mayoría. Otra, distinta a esa, es la idea liberal que atañe a los límites de ese poder. La democracia responde la pregunta ¿quién manda o ejerce el poder? El liberalismo responde una pregunta distinta, ¿qué límites posee el poder?

Luego se puede ser iliberal y demócrata, que es lo que ocurre cuando se respeta el procedimiento democrático; pero no se respetan igualmente los derechos de las personas o, con diversos pretextos —el más popular de todos la seguridad—, se los relativiza.

Con esa elucidación conceptual (que ayuda a introducir racionalidad en este tipo de asuntos) puede volverse ahora sobre la pregunta ¿se ha mostrado iliberal el Presidente Kast o su gobierno?

Veamos.

Para saberlo se cuenta hoy con el proyecto de reforma constitucional. Conviene detenerse brevemente en él.

El proyecto crea un nuevo estado de excepción constitucional. Para comprender su alcance conviene detenerse en lo que significa un estado de excepción. Él significa que, una vez declarado, y por el tiempo que dure, los ciudadanos carecen de un conjunto de derechos o, lo que es lo mismo, el poder del Estado no tiene límites en esos ámbitos. ¿Cuáles serían, a la luz del nuevo estado que se pretende crear, los derechos de los que los ciudadanos se verían privados? Se trata del derecho de la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y asociación, el derecho a la privacidad de las comunicaciones y el derecho de propiedad. Esos derechos se restringen o suspenden a discreción, finalmente, del Ejecutivo. Y, esto es lo más relevante, la declaración de ese estado de excepción, en otras palabras, la decisión de que se suspendan esos derechos, depende de la voluntad unilateral del Presidente de la República que puede tener vigor hasta por 240 días, sin requerir el acuerdo del Congreso.

Vale la pena repetirlo: hasta por 240 días la voluntad unilateral del Presidente podría suspender los derechos de los ciudadanos. De todos los ciudadanos, incluso los de quienes aplauden la iniciativa. Y por la sola voluntad del Presidente Kast. También por voluntad de quien fuere que lo suceda.

No es exagerado recordar lo que decía Carl Schmitt siguiendo a Donoso Cortés (uno de los héroes del franquismo y de Jaime Guzmán): soberano es quien decide el estado de excepción. A la luz de esta reforma el soberano no serían los representantes, sino el Presidente de la República.

Los liberales de derecha donde los haya, los expertos de aquí y de allá, los comentaristas, ¿no advierten la gravedad de todo esto?

Los discursos del Presidente Kast en la Cumbre Transatlántica, las reuniones con Orbán y las alabanzas a Bukele, la puesta en escena del traslado de reos (que los matinales y las radios transmitieron y comentaron como si se tratara de una película de superhéroes), el abandono de la neutralidad en cuestiones religiosas, eran indicios. El proyecto de reforma que se ha sometido a discusión deja poco espacio para negar la inspiración iliberal del Gobierno.