La incorporación de las Fuerzas Armadas en labores propias de la seguridad interior constituye una decisión que trasciende cálculos administrativos o electorales. Se trata, en realidad, de una definición fundamental de Estado que exige un análisis geopolítico riguroso, frecuentemente ausente en nuestras discusiones públicas.

Nuestro país enfrenta una realidad geográfica singular: fronteras compartidas con potencias que han expresado ambiciones territoriales manifiestas, contextos de tensión limítrofe no resueltos y escenarios hipotéticos de expansión que no pueden ignorarse. En esta coyuntura, las Fuerzas Armadas chilenas deben mantener capacidades estratégicas, tácticas y operativas orientadas a la defensa soberana frente a amenazas convencionales, emergentes y, cada vez más, a amenazas tecnológicas de naturaleza híbrida.

Una decisión de reasignar a las Fuerzas Armadas hacia labores de seguridad interior implicaría transformaciones profundas: redefinir su modelo de formación, reorientar su especialización operativa, repensar su contingente y destinación con sus impactos logísticos y abandonar aspectos neurálgicos de seguridad nacional que podrían resultar estratégicamente críticos. Adicionalmente deben considerarse otros factores, como la diferencia fundamental entre la preparación militar y la función policial. Las Fuerzas Armadas han sido entrenadas, conceptual y operacionalmente, para identificar, neutralizar y eliminar enemigos en contextos de conflicto. Los Carabineros, en cambio, para disuadir, detener e introducir a delincuentes en procesos judiciales.

Trasladar personal con formación de combate a labores de control de orden público y seguridad genera un riesgo grave de judicialización inadecuada. Nuestros tribunales no están equipados para procesar cientos de causas donde la fuerza letal fue empleada bajo criterios militares de neutralización de amenazas, no bajo estándares proporcionales de uso discriminado de la fuerza. El resultado sería un caos procesal que debilitaría tanto la seguridad como el Estado de Derecho.

El costo oculto es también profundo. Muchos militares han elegido las filas castrenses movidos por vocación de seguridad nacional, no labores de policía. Un cambio abrupto podría provocar deserción significativa de personal calificado, comprometiendo irreversiblemente nuestra postura estratégica regional. Si el diagnóstico es que Carabineros de Chile se encuentra superado en su rol preventivo y de control, entonces la solución pasa por su fortalecimiento estructural (mas allá de un nuevo aumento de dotación) con capacidades operativas, actualización de su infraestructura, capacidades y controles externos orientados a mejorar su eficacia y eficiencia, mas no reemplazarlos operativamente por quienes optaron por una vocación diversa.

Por todo esto creo fundamental levantar una voz de advertencia. El mundo —y la región— están lo suficientemente convulsos como para ensayar fórmulas sin un profundo análisis prospectivo, sus consecuencias geopolíticas y de seguridad territorial para nuestro país. Que la academia, las universidades, los especialistas en geopolítica y relaciones exteriores participen activamente. Que los legisladores se atrevan a hacer las preguntas difíciles sin temor a las urgencias mediáticas. Y, si es necesario, que tengan el coraje de retroceder en anuncios públicos que comprometieron esta decisión. Porque quien enmienda su rumbo en función del bien nacional no se humilla: se engrandece. Chile necesita claridad estratégica, no improvisación. Esa reflexión no puede esperar.

Exsenador de la república y exsubsecretario del Interior