Señor Director:

Cuando un adolescente comete un delito violento, no basta con expresar indignación ni con aprobar penas que parecen duras en el papel. Las víctimas necesitan algo concreto: que la sanción se cumpla y sea proporcional al daño, que el joven sea reinsertado y que el Estado evite nuevas víctimas.

Preocupa que el debate derive en rebajar a 13 años la responsabilidad penal o aplicar la justicia adulta a adolescentes. Alcaldes de distintas comunas y sectores presentamos propuestas a la comisión de Constitución del Senado que parten de no disminuir la edad de imputabilidad ni de tratar a los jóvenes como adultos, porque el problema no es generalizado, sino concentrado: según la Fiscalía, el 10% de los adolescentes infractores concentra el 43% de los delitos, mientras el 67,2% presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano. Tratar a todos por igual no es firmeza: debilita la intervención donde más se necesita.

Proponemos que para delitos violentos cuya sanción supere los tres años se aplique régimen cerrado con programas de reinserción efectivos, y que la reiteración de delitos de la misma especie tenga consecuencia efectiva en la pena, con un aumento de hasta un grado, siempre dentro del sistema adolescente.

La reinserción debe estar en el centro: tratamiento de adicciones, continuidad de estudios, salud mental y formación laboral. Sin esas herramientas, el adolescente egresa y el sistema vuelve a fallarles a las víctimas.

Los municipios conocemos lo que ocurre antes de que un joven ingrese al sistema y cuando regresa a su comunidad. No necesitamos nuevas instituciones, sino coordinarlas. La verdadera firmeza es intervenir con mayor intensidad donde existe mayor riesgo: sancionar y reinsertar para que el delito no se repita.

Alcaldes de Vitacura; Renca; San Miguel; San Ramón; Ñuñoa; Quinta Normal; Colina; Maipú; Providencia, y San Bernardo, respectivamente