No fue un triunfo lo que la oposición consiguió en el Tribunal Constitucional. Desde luego, este órgano objetó algunas disposiciones de la Ley de Reconstrucción, pero el corazón de los cuestionamientos, la invariabilidad tributaria, más allá de ciertas observaciones que la acotan, emergió validado luego de este paso. Si bien debe esperarse conocer el texto de la sentencia, parece desde ya claro que los estridentes argumentos de los parlamentarios opositores, que hablaban en sus requerimientos de una norma “incompatible con una república democrática”, simplemente no convencieron a la mayoría de los jueces. Con ello, se frustró el objetivo de asestar un golpe letal al proyecto más emblemático del actual gobierno, pero además se hicieron patentes los límites de una estrategia política sorprendentemente pobre.

En efecto, muy tempranamente, la oposición se cerró a negociar con el Ejecutivo acuerdos en torno a esta iniciativa que pudieran ser viables. Optó, en cambio, por un camino de absurda denuncia moral y repetición de consignas (“esto es para beneficiar a los ricos”, fue la favorita). Pésima suerte corrieron todos los que intentaron introducir algún matiz en esa actitud, desde la presidenta del PS, denostada por la dupla Cicardini-Manouchehri, a los senadores PPD, tildados de “vendidos” por sus pares.

En cambio, e incluso antes de que siquiera el proyecto ingresara al Congreso, ya el sector había empezado a amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional. Lo siguió haciendo en los meses siguientes, como quien se jacta de poseer un arma de la que su adversario no dispone. Apostaba, evidentemente, a que la actual integración del tribunal, luego de las designaciones efectuadas durante la administración Boric, le sería siempre favorable. La contradicción entre esa amenaza y el histórico rechazo de la izquierda a los mecanismos de control constitucional preventivo a nadie le importó mucho, más aún luego de que en junio un fallo del TC objetara algunas disposiciones de la Ley Escuelas Protegidas, cuestión que la oposición celebró entonces con el fervor de una victoria. El propio académico Fernando Atria lo justificó en esos días: para él, el TC seguía siendo una “tercera cámara” y una mala institución, pero “si tiene la composición que uno prefiere, decidirá como a uno le parece correcto” y “dado que existe, no veo por qué no usarla”.

Afortunadamente para la salud de nuestras instituciones, la resolución ahora adoptada por el Tribunal respecto de la Ley de Reconstrucción viene a rebatir el cinismo de aquella concepción instrumentalista. Con ello, sin embargo, también desnuda la precariedad de una estrategia opositora que, creyendo contar con el órgano constitucional de su lado, terminó renunciando a hacer política y optando por la mera obstrucción. Nada lo grafica mejor que lo que pasó precisamente con las modificaciones a la invariabilidad que negociara el Gobierno con los referidos senadores PPD: en lugar de reivindicar lo que fue un genuino aporte al mejoramiento del proyecto, la oposición prefirió repudiarlo y apostar al todo o nada en el TC. El resultado ya es conocido.