El proyecto de ley de Sala Cuna Universal elimina una de las barreras que ha afectado la participación laboral y el empleo de mujeres en Chile. Además, invita a reflexionar sobre el cuidado y educación de primera infancia.
La evidencia científica sigue mostrando con mucha claridad la importancia que tienen los primeros cuatro años de vida para el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños (por ejemplo, Carozza et al., 2025). Las distintas experiencias que tienen los niños en esta etapa de sus vidas, cuya calidad está, en promedio, muy marcada por su origen socioeconómico y cultural, generan diferencias en la expansión de esas habilidades, introduciendo inequidades significativas que luego son muy difíciles, sino imposibles, de reparar completamente.
El proyecto de sala cuna (para niños de entre 0 y 2 años), que esperamos llegue a buen término, debe ser el primer hito de una estrategia orientada a lograr mayor igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación tiene una tarea insustituible en, al menos, dos dimensiones.
Por un lado, crear las condiciones para complementar cobertura, sobre todo en nivel medio menor y mayor, es decir, a partir de 2 y hasta los 4 años. En el primero de estos niveles, por ejemplo, la cobertura ha estado estancada en torno al 55%, por debajo del promedio de 78% de la OCDE y con varios países que se acercan al 100%, motivados por la evidencia respecto del impacto positivo de la educación inicial. Se han preocupado, además, de proveerla con altos estándares. Esa baja cobertura es más evidente en los dos quintiles de menores ingresos, donde el impacto relativo de dicha educación es mucho mayor. Extender la subvención escolar al nivel medio podría ser una vía para lograr este propósito. Su valor debe estar de acuerdo con las exigencias esperadas para impartir esta educación.
Por otro lado, la repartición de Educación no puede olvidar que un 38% de la matrícula de sala cuna y nivel medio es cubierta por jardines que reciben para su operación una transferencia de fondos desde la Junji (VTF). El resto de la oferta es provista, en general, de modo directo por Junji e Integra (solo una pequeña parte es privada).
Un estudio reciente del Banco Mundial indica que el financiamiento por párvulo en los jardines VTF es de $251 mil. En cambio, en los Junji ese valor es un 72% superior y en Integra, un 61%. Estos cálculos se hicieron para un jardín representativo (la transferencia por párvulo es mayor para sala cuna y menor para el nivel medio). Esta diferenciación no se puede sostener y constituye un verdadero impuesto a la igualdad de oportunidades.
Es interesante notar que el proyecto de sala cuna contempla un financiamiento de poco más de $372 mil por niño (5,2 UTM). Parece oportuno, entonces, que el Mineduc, tomando como referencia esta decisión, promueva una iniciativa que reduzca en un plazo razonable las brechas implícitas en los financiamientos de los VTF (de hecho, la ley 21.819 abrirá esta discusión al disponer que desde 2028 los jardines de los SLEP no operen con este mecanismo). Abordar ambas dimensiones exige recursos públicos que, en un tiempo de estrechez fiscal, no son fáciles de reunir. Con todo, la caída en la natalidad genera un bono demográfico que difícilmente tendrá un mayor retorno social que invertido en primera infancia.
Hay una tarea también para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La pobreza de ingresos en los niños de 4 años y menos alcanza un 25,4%, muy por encima de la media nacional de 17,3% y más de 10 puntos porcentuales superior a la de los mayores de 18 años.
Esos niños, en general, viven en hogares donde los padres o madres tienen dificultades para acceder al mercado laboral y deben ser, por tanto, frecuentes los episodios de estrés que experimentan y que indudablemente afectan su desarrollo. Sin embargo, según Casen 2024, el subsidio monetario promedio que reciben los hogares con niños de cuatro años o menos, del 40% de menores ingresos autónomos per cápita suman un poco menos de 90 mil pesos. En cambio, para los hogares del mismo grupo de ingreso, pero que solo tienen residentes mayores de edad el subsidio monetario promedio es un 110% más alto.
Es indispensable reordenar la política social para evitar esta discriminación que contribuye a hipotecar el futuro de esos niños. Por supuesto, se requieren otras iniciativas para asegurar más igualdad de oportunidades, pero estas representan un buen punto de partida para comenzar una transformación.