Está siendo costumbre que buenas noticias, logros legislativos trascendentes o anuncios del Gobierno llamados a marcar la agenda, queden en parte eclipsados por errores autoinfligidos: problemas de coordinación, diferencias públicas entre los ministros, renuncias de autoridades que confirman que su nombramiento fue una mala decisión del Presidente que era posible advertir, filtraciones de borradores que dan cuenta de cierta improvisación, falta de suficiente rigor técnico y prudencia, entre otras situaciones. Y es que ante una oposición que carece de mayor peso en el Congreso —aunque no se sabe por cuanto tiempo, por la amenaza de desafueros a algunos senadores— y que todavía se encuentra a la deriva —incapaz de procesar las razones de su contundente derrota electoral, conectar con las demandas ciudadanas y generar confianza en un proyecto futuro—, es el propio Gobierno quien una y otra vez se convierte en el mayor enemigo de sí mismo.

Si bien es justificada la satisfacción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que luego del último fallo del Tribunal Constitucional sostuvo que “la noticia más importante es que se recuperan las certezas para invertir”; que “vuelve Chile a ser atractivo como punto de inversión”, pues el TC “aprobó prácticamente sin cambios la invariabilidad tributaria” (ver editorial arriba), lo cierto es que este mensaje ha quedado diluido por polémicas innecesarias que muestran desorden. Es el caso de lo ocurrido esta semana con la declaración del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, que manifestó su molestia ante la prensa —luego le bajaría el perfil— por no haber sido informado de un requerimiento presentado al TC que llevaba la firma del Presidente de la República y cuatro secretarios de Estado.

A este insólito episodio le siguieron nuevas diferencias entre el canciller y el ministro de Defensa, en la forma de enfrentar las declaraciones de autoridades de Estados Unidos. El ministro Fernando Barros sostuvo que “no somos el patio trasero de nadie”, lo que marca una estrategia y tono muy distinto al seguido por el ministro Francisco Pérez Mackenna, en la forma de enfrentar las presiones a las que está siendo sometido el país por la disputa hegemónica entre EE.UU. y China. A ello se agregan los reparos dados a conocer por la ministra de Salud frente a filtraciones sobre posibles contenidos de la reforma de seguridad.

De profundizarse este derrotero, en que se hace habitual que los ministros discrepen entre ellos públicamente, se pone cuesta arriba cualquier agenda de reformas sostenible en el tiempo y, finalmente, es la figura y autoridad del Presidente de la República las que resultan dañadas. Estos episodios, también, vuelven a poner de manifiesto un diseño político que se muestra incapaz de procesar las diferencias al interior del Gabinete y que carece de un ministro vocero en propiedad —las tareas del ministro del Interior han mostrado ser malamente conciliables con este cargo—, que fije oportunamente la opinión del Presidente Kast y su administración frente a los distintos temas de la contingencia. Esperar demasiado en hacer los cambios solo aumentará los problemas.

Agenda de seguridad

La actuación del ministro de Seguridad en pocas semanas ha logrado revertir la mala evaluación que había tenido la anterior secretaria de Estado, y devolverle la prioridad pública que debió tener el combate contra la delincuencia desde un comienzo. Ha habido distintos logros, naturalmente todavía insuficientes, y se ha trazado una agenda de seguridad que concita un amplísimo apoyo en la ciudadanía. Esta semana, la difusión del traslado de presos peligrosos —más allá de las críticas de algunos por excesos comunicacionales— envía una clara señal a la población sobre la decisión del Gobierno de enfrentar la criminalidad organizada.

Con todo, ni el apoyo ciudadano ni los mejores propósitos —combatir la delincuencia con la mayor eficacia— pueden legitimar emprender reformas que comprometan o debiliten injustificadamente garantías fundamentales.

El borrador de reforma constitucional que ha trascendido en los últimos días tiene diversos aspectos preocupantes, y cabe evaluar y ponderar mejor sus efectos. Autorizaciones generales en el texto constitucional trascienden uno u otro proyecto de ley en particular que puede estar en la cabeza del actual Gobierno, y en el futuro pueden tener consecuencias impensadas. En estas materias, acuerdos amplios son indispensables.

Y cabe reiterar que fortalecer las instituciones, reclutar y conservar en ellas al personal idóneo, perfeccionar el diseño de sus competencias e instrumentos, establecer cauces eficaces y permanentes de cooperación interinstitucional es lo que rinde los mejores réditos.