Hace 16 años escribí en estas páginas una columna titulada “El litio: ¿estratégico y no concesible?”. En ella planteaba que su condición de no concesible constituía un desincentivo a la exploración y al desarrollo de nuevos proyectos, y que el mecanismo contractual disponible entregaba menor certeza jurídica a los inversionistas.

Ha pasado bastante tiempo y vale la pena preguntarse dónde estamos.

Chile ha aumentado significativamente su producción. Según cifras del USGS, entre 2015 y 2025 pasamos de producir el equivalente a unas 56 mil toneladas de carbonato de litio a casi 300 mil. Es un crecimiento importante.

El problema es que el mundo avanzó mucho más rápido. En el mismo período, la producción mundial se multiplicó más de nueve veces. China multiplicó la suya por 31, Australia por más de seis y Argentina también por más de seis. Como consecuencia, Chile pasó de representar cerca de un tercio de la producción mundial en 2015 a menos de 20% en la actualidad.

Hay otro dato quizás más revelador. Prácticamente todo nuestro crecimiento se ha realizado con los mismos dos operadores y concentrado en el Salar de Atacama. Mientras Chile expandía lo existente, otros países incorporaban nuevos yacimientos, proyectos y actores.

No ha sido por falta de recursos ni de inversionistas interesados. En estos 16 años hemos tenido comisiones, estrategias, políticas nacionales y distintos intentos por resolver el problema. Más recientemente se ha buscado incorporar nuevos proyectos mediante Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), pero su implementación ha sido lenta y compleja, sin lograr todavía la diversificación que Chile necesita.

Sigo pensando, como planteaba en 2010, que hacer concesible el litio sería una solución más simple y consistente con el régimen aplicable a otros minerales. Pero debemos ser realistas: una modificación de esa naturaleza no parece tener hoy la viabilidad política necesaria. Entonces, seamos pragmáticos. Si el instrumento disponible son los CEOL, hagamos que funcionen.

El actual gobierno no necesita elaborar una nueva estrategia ni comenzar nuevamente la discusión desde cero. Debe recoger lo avanzado, corregir los problemas jurídicos y administrativos que han dificultado estos procesos y establecer procedimientos claros, competitivos y con plazos definidos que permitan desarrollar nuevos proyectos.

El objetivo debiera ser concreto y medible: que al término de este gobierno Chile tenga nuevos proyectos de litio adjudicados, financiados y en construcción, incorporando nuevos actores y nuevos salares.

El tiempo importa. Australia consolidó una industria de escala mundial; Argentina está incorporando nuevas operaciones e inversionistas; Estados Unidos está apoyando directamente proyectos considerados estratégicos. Ellos no están esperando que Chile resuelva su discusión.

En 2010 terminaba aquella columna señalando que nuestro desafío era iniciar el debate, conocer los potenciales usos y mercados del litio y, a partir de ello, tomar decisiones informadas sobre su desarrollo.

Dieciséis años después, el debate ya lo tuvimos. Ahora el desafío es ejecutar.