Señor Director:

Chile vuelve a discutir la seguridad en el plano constitucional. El Gobierno propone explicitar la seguridad pública como deber primordial del Estado. Hay una razón de fondo para hacerlo, especialmente en un país que aspira al desarrollo: la seguridad no es solo una respuesta al delito, sino una condición para ejercer la libertad, invertir, emprender y progresar. Constituciones de países OCDE también reconocen, con distintas fórmulas, la seguridad de las personas como derecho o responsabilidad pública.

La economía institucional entrega una razón poderosa. Douglass North mostró que las instituciones favorecen el desarrollo al reducir la incertidumbre. Luego, North, Wallis y Weingast pusieron el control de la violencia en el centro del orden institucional (Violence and Social Orders, 2009). Sin seguridad, se debilitan los derechos de propiedad, se acortan los horizontes de inversión y aumentan los costos de transacción.

La evidencia chilena lo confirma. Con Jean P. Sepúlveda estimamos que la violencia en La Araucanía redujo entre 1998 y 2020 su PIB per cápita promedio en unos US$ 2.589, equivalente a 22% respecto de su nivel contrafactual (Applied Economics). La violencia no solo destruye bienes y vidas: destruye oportunidades.

El problema es nacional. Balmaceda, Hernández y Alfaro estiman que el costo directo de la delincuencia alcanzó al menos 2,1% del PIB en 2022 (Clapes UC). Son recursos destinados a seguridad, seguros, tratamientos y pérdidas de ingresos que podrían utilizarse productivamente.

Seguridad y crecimiento no son objetivos alternativos. Si Chile quiere recuperar el crecimiento y avanzar hacia el desarrollo, reafirmar en la Constitución la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de las personas parece plenamente justificado. Sin seguridad, la libertad se debilita y el desarrollo se aleja.

Investigador CIES UDD