Señor Director:

Chile no tiene el Civil Service británico ni la Bundesverwaltung suiza. Pero si uno se guiara por nuestros propios instrumentos de evaluación, tendría que concluir que sí: el 99% de los servicios públicos accedió al bono máximo por cumplimiento de metas en 2025. Cuando todos cumplen y todos destacan, el instrumento deja de medir o ser un incentivo real: la asignación por modernización pasó a ser, en la práctica, un componente más de la remuneración.

Conviene decirlo con igual claridad: nada de esto justifica la caricatura del funcionario improductivo o corrupto: diversos índices de integridad en el sector público colocan a nuestro país como uno de los líderes en la región. Sin embargo, la OCDE (2024) ubica la confianza en las personas funcionarias en Chile 21 puntos porcentuales bajo el promedio de sus países: un costo que pagan, sobre todo, los buenos funcionarios.

Por eso las declaraciones del ministro Quiroz respecto de una reforma son más que bienvenidas. El trabajo no parte de cero: en la última década hubo propuestas transversales y dos proyectos de ley que no alcanzaron tramitación, y el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado entregó en diciembre pasado un conjunto de recomendaciones. Entre ellas, un marco común de principios para los distintos regímenes de contratación; el concurso abierto y competitivo basado en mérito como regla general de ingreso; una evaluación de desempeño que efectivamente distinga; y nuevas causales de cesación, con un tercero imparcial que verifique su correcta aplicación y compensación en caso de egresos no voluntarios.

Una advertencia, sin embargo: limitar la discusión al Estatuto Administrativo puede quedar corto. La propia asignación por modernización está en la Ley N° 19.553, no en el Estatuto, además hay reglamentos, dictámenes y prácticas instaladas de gestión de las personas en el Estado, que operan como norma. Entonces, bienvenida la revisión, pero completa.

Centro de Políticas Públicas UC