El año pasado la matrícula escolar en instituciones estatales (municipios y servicios locales de educación pública) volvió a caer levemente, para llegar a un 35%. A su vez, la matrícula de colegios privados creció, para situarse en 9,8%; con ello, completó un alza de dos puntos porcentuales en la última década. Este parece haber sido un resultado no anticipado de la Ley de Inclusión, y significó una reducción leve en la importancia relativa de la matrícula particular subvencionada, que pasó de 54,5 a 53,9 %, y una caída algo mayor en la matrícula estatal, desde un 36,4 al referido 35%. La creación de los servicios locales de educación pública (SLEP) no ha logrado revertir estas tendencias. Esta realidad los obliga ahora a tomar decisiones complejas.

Desde luego, los establecimientos han sido traspasados desde los municipios cargando con evidentes sobredotaciones. Así, la tasa de alumnos por docente en el subsector estatal es hoy inferior en un 35% la del subsector particular subvencionado, e incluso un 20% inferior a la de colegios particulares pagados. Ajustar las dotaciones no significa, entonces, pasar a tener salas con un número excesivo de alumnos. Esto se advirtió al discutirse la ley que traspasó los planteles, pero no se quiso abordar. Mientras los colegios estuvieron en manos de los municipios, los déficits producto de estas sobredotaciones eran cubiertos por ellos. Sin embargo, los SLEP no tienen esa posibilidad. Los gobiernos podrían inyectarles más dineros, pero evidentemente no sería un buen uso de los siempre escasos fondos públicos. Hay que reconocer esta realidad y producir los ajustes necesarios en las dotaciones. El gobierno actual está comenzando a asumir esta tarea. Pese a ser un tema políticamente sensible, debiera contar con un apoyo transversal. Se trata de un asunto urgente y más aún si se considera el impacto en la matrícula escolar de la caída en la natalidad: el INE estima que la población de 5 a 18 años se reducirá en más de un millón en diez años más.

Estos elementos, que no serán fáciles de administrar, sugieren cautela en los futuros traspasos de planteles desde los municipios a SLEP. Es atendible, entonces, el interés del Gobierno por aprobar una recalendarización de este proceso, que hasta ahora concluye en 2030, permitiendo que pueda extenderse hasta 2040. El proyecto acaba de ingresar al Senado. En la actualidad, hay 36 SLEP constituidos, que representan aproximadamente la mitad de la matrícula del subsector estatal y 166 comunas. Además, en enero pasado se aprobó la Ley 21.819, que establece un conjunto de disposiciones que aspiran a mejorar los traspasos futuros y a reorganizar aspectos de la gestión de los servicios. Ello requerirá de varios reglamentos e implementación de disposiciones, todo lo cual sugiere que 2030 puede ser demasiado pronto para concluir el proceso.

Por otra parte, la legislación ya permite que los municipios que cumplan ciertos requisitos puedan solicitar una postergación del traspaso, requisitos que el proyecto del Gobierno ahora flexibiliza. Con ello se busca eludir un debate más de fondo respecto del deseo de algunos municipios de mantener ellos la educación estatal. El diseño y organización de los SLEP, difíciles de encontrar en la experiencia comparada, y las dificultades experimentadas en su instalación han generado desconfianza respecto de su capacidad de aportar al desarrollo de la educación pública. Al mismo tiempo, muchas municipalidades han exhibido, de manera sistemática, buenos desempeños. No tiene mayor sentido, en un país donde los logros educativos no son particularmente buenos, renunciar a capacidades instaladas. Por lo demás, en la experiencia comparada existen modelos mixtos de educación pública. Parece razonable enfrentar de una vez esta discusión y permitir que, bajo ciertas condiciones, los municipios puedan administrar la educación del Estado.