El editorial “TVN: propuestas y dudas” (miércoles) plantea interrogantes legítimas sobre el futuro de Televisión Nacional. Sin embargo, quisiera formular algunas reflexiones a título estrictamente personal, pues se trata de un debate que corresponde conducir al Poder Ejecutivo y resolver al Congreso Nacional, y no al Directorio de TVN, cuyo deber es administrar la empresa conforme al marco legal vigente y no definir la política pública sobre la existencia o el modelo de un medio público.

Comparto, sí, una afirmación implícita en el editorial: este debate debió haberse dado hace años. Mientras el ecosistema audiovisual cambió radicalmente, la discusión sobre el rol de la televisión pública se fue postergando. Hoy nos encontramos, desgraciadamente, contra el tiempo. TVN enfrenta un escenario financiero complejo y el país debe adoptar definiciones que habrían sido más sencillas si se hubieran abordado oportunamente.

En ese contexto, conviene recordar que cerrar TVN no es una decisión que pueda adoptar su Directorio. La empresa fue creada por ley y tiene una misión pública definida por el legislador. Si el país estimara que esa misión dejó de tener sentido, primero debería modificar ese marco legal. Lo que parece difícil de sostener es mantener una institución con obligaciones públicas permanentes sin discutir cómo deben financiarse.

La pregunta de fondo, entonces, no es si TVN debe recibir recursos para superar una coyuntura financiera. La verdadera discusión es si Chile necesita o no un medio público. Esa es una decisión sobre el papel del Estado en el sistema de medios y sobre los bienes públicos que la sociedad desea preservar.

En mi opinión, existen razones poderosas para responder afirmativamente. La inmensa mayoría de las democracias consolidadas cuenta con medios públicos que conviven con medios privados y plataformas digitales porque cumplen funciones que el mercado, por sí solo, difícilmente garantiza.

Las plataformas digitales han ampliado las posibilidades de información y entretenimiento, pero también han fragmentado las audiencias y los espacios comunes de encuentro. Los algoritmos privilegian intereses individuales; un medio público, en cambio, puede contribuir a construir una conversación compartida, ofrecer contenidos culturales, educativos e infantiles, fortalecer la identidad nacional, dar visibilidad a las regiones y garantizar una cobertura informativa que no dependa, exclusivamente, de criterios comerciales.

Existe, además, una pregunta que conviene hacerse. Si la televisión abierta fuera simplemente un medio obsoleto por la disminución de la inversión publicitaria, ¿por qué importantes empresas privadas continúan sosteniendo diarios y canales de televisión que muchas veces operan con pérdidas? Probablemente porque comprenden que el valor de un medio no se agota en su rentabilidad. Los medios siguen siendo relevantes para informar, entretener, influir en la agenda pública y mantener un vínculo con la ciudadanía. Del mismo modo, el valor de un medio público no puede medirse únicamente por sus resultados financieros, sino por el servicio que presta al país.

Esa función adquiere especial relevancia en un país con las características geográficas y sociales de Chile. Nuestra extensión territorial, las comunidades aisladas y la frecuente ocurrencia de terremotos, incendios, inundaciones y otras emergencias hacen indispensable contar con un medio de cobertura nacional, con presencia regional y capacidad de informar de manera continua y coordinada cuando más se necesita.

Por supuesto, la existencia de un medio público exige eficiencia, responsabilidad, transparencia y una gestión moderna. También requiere discutir su modelo de financiamiento. Ese debate es indispensable, pero debe partir de una pregunta previa: ¿considera Chile que una televisión pública sigue siendo un bien público necesario? Si la respuesta es afirmativa, corresponde dotarla de un modelo institucional y financiero coherente con esa decisión. Si la respuesta es negativa, también debe decirse con claridad y modificar el marco legal vigente.

Lo que parece poco razonable es mantener una institución a la que la ley asigna responsabilidades públicas permanentes sin entregarle, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para cumplirlas.