Un biministro del Interior, que además hace de vocero, se entera por la prensa de que su propio gobierno recurrió al Tribunal Constitucional contra un artículo de la megarreforma. El requerimiento lleva cinco firmas ministeriales; la suya no. El ministro de la Segpres explica que el asunto sí se trató en el comité político, aunque probablemente el ministro principal ya había salido de la sala. En su entorno replican que nunca se trató y que, además, él había desaconsejado la vía del TC. Los presidentes de los partidos oficialistas, en cambio, estaban informados.

El episodio es menor, pero refleja un problema mayor. Revela una descoordinación persistente en la cúspide, donde Presidencia, el comité político, Hacienda y el segundo piso operan como cuatro centros con agendas propias. Hacienda conduce la reforma miscelánea en lo técnico, lo comunicativo y lo legislativo; Interior conduce la política; el segundo piso produce y administra el relato. Nadie conduce el conjunto.

A esto se suma una deficiencia estructural adicional: la falta de un diseño institucional claro para las comunicaciones. Tres decisiones ilustran este punto. Primero, la vocería ministerial quedó sin un titular, ya que fue asumida por Interior en un biministerio; esto fue un error grave, ya que elimina el único cargo cuyo papel es traducir las acciones del Gobierno al lenguaje público. Segundo, la vocería fue asignada al jefe del gabinete político, una decisión jerárquica y funcionalmente inconsistente: quien negocia con los partidos y gestiona crisis no puede ser quien explique todos los días. Tercero, la estrategia comunicacional quedó, en la práctica, en el segundo piso, un espacio sin estatuto ministerial, sin responsabilidad política y sin superioridad formal respecto al gabinete.

Los efectos son evidentes. Solo el 32% identifica al biministro Alvarado como portavoz, y solo un 15% lo considera uno de los mejores comunicadores; en cambio, el ministro de Vivienda lo supera por lejos. Solo un 33% piensa que el Presidente tiene un buen equipo de gobierno, y apenas un 20% cree que puede mantener la unidad en su coalición. La aprobación del Gobierno oscila entre el 30% y el 40%, mientras que la mayoría lo desaprueba. Aunque no son cifras de crisis, reflejan una administración con un liderazgo confuso y una credibilidad que se le está resquebrajando.

El desorden, por lo tanto, no es cuestión de estilo. Debilita la autoridad y el impacto del Presidente, fomenta un pesimismo generalizado que domina la percepción colectiva y transmite a la opinión pública una imagen preocupante: la de fuerzas internas que luchan por el control, cada una insistiendo en su identidad y en sus intereses fraccionados.

Un gobierno que no logra acordar quién representa sus intereses difícilmente podrá convencer sobre sus decisiones. Por ahora, solo transmite claramente que la disputa sobre quién lo dirige en la práctica continúa abierta.