Señor Director:

Ayer, Alex van Weezel, abogado de Isidoro Quiroga, escribió en este medio cuestionando las intervenciones públicas de representantes de Joyvio en el caso Australis, calificándolas como una forma de presión sobre las autoridades.

Coincidimos en algo fundamental: Chile necesita certeza jurídica y confianza en sus instituciones. Precisamente por eso es necesario hacer algunas distinciones.

Solicitar que una investigación penal agote las diligencias pendientes no significa presionar a la Fiscalía ni pretender imponerle un resultado. Es ejercer un derecho que nuestro ordenamiento reconoce a cualquier víctima que considera que aún existen hechos relevantes por esclarecer.

Resulta llamativo, además, que se formule este cuestionamiento, cuando Cristóbal Eyzaguirre, otro abogado de Quiroga, sostuvo en este mismo medio que “hace mucho tiempo que un fiscal objetivo habría terminado la causa”. Que las partes expresen públicamente sus argumentos no altera la autonomía del Ministerio Público. Lo importante es que este decida con independencia y considerando todos los antecedentes.

Tampoco corresponde confundir procedimientos. Una resolución arbitral o civil no sustituye una investigación penal: son sedes distintas, con objetivos y responsabilidades diferentes.

Joyvio adquirió Australis en 2019 por US$ 921 millones. El economista Sebastián Edwards, quien transparentó haber elaborado un informe a petición de Joyvio, señaló ayer en La Segunda que “los ojos de los inversionistas extranjeros están puestos en este caso” y que lo importante es que la justicia cumpla su papel y un juez imparcial decida considerando los antecedentes de ambas partes.

Frente a una operación de esta magnitud, pedir que los hechos sean esclarecidos no debilita la institucionalidad: la fortalece.

La certeza jurídica no consiste en que un juicio termine rápido, sino en que termine bien, con todos los antecedentes relevantes sobre la mesa y con las mismas reglas para todos, frente a un tribunal imparcial.

Abogados Joyvio