Revelador y preocupante resulta el análisis hecho por este diario a partir de los datos del Servicio Electoral sobre composición etaria de los partidos políticos chilenos entre octubre de 2021 y junio de 2026. Durante este período, el sistema perdió cerca de 163 mil militantes, contrayéndose de 613 mil a 450 mil personas inscritas. A la par, se constata un envejecimiento sostenido y transversal, expresado, por ejemplo, en que la proporción de menores de 35 años descendió de un 31% a un 21%. Los cuadros más envejecidos los exhiben la Democracia Cristiana, con 60 años de edad promedio; la UDI, con 57, y el Partido Radical, con 56. Sin embargo, esta realidad también afecta a colectividades forjadas al calor del descontento juvenil reciente, como el Frente Amplio, cuya media etaria subió de 39 a 43 años.

Es efectivo que estas cifras requieren ciertas precisiones metodológicas. Gran parte de los actuales padrones se originó en el proceso de refichaje exigido por ley a las colectividades, por lo que resulta estadísticamente esperable que, con el paso del tiempo, dicha cohorte eleve la media del sistema. Y tampoco debe obviarse que un registro administrativo no es sinónimo de militancia activa, que está más bien dada por quienes participan en la deliberación y el despliegue territorial que por un volumen nominal de afiliados.

Con todo, tales salvedades no logran atenuar la gravedad del escenario. Si los partidos fuesen capaces de atraer nuevas adhesiones a un ritmo adecuado, el envejecimiento de la cohorte refichada se vería naturalmente compensado. Que esto no suceda, y que el sistema partidario envejezca a una velocidad ostensiblemente mayor que la población general —el segmento ciudadano de 65 años o más creció 2,6 puntos entre 2017 y 2024, mientras los militantes mayores de 60 años aumentaron 7,6 puntos en menos de un quinquenio— evidencia una falla estructural.

Sería un error asumir que la juventud actual es apática frente a los asuntos públicos, pues es sabido que se movilizan por causas específicas y, bajo la vigencia del voto obligatorio, desde 2022, acuden a las urnas. Lo que ha entrado en crisis es su disposición a canalizar dicha inquietud mediante una militancia formal. Si bien los cambios culturales propician hoy compromisos más líquidos, las dirigencias yerran al utilizar este fenómeno sociológico como excusa para evadir su propia responsabilidad en la desconexión ciudadana.

Las repercusiones de este alejamiento son severas para la gobernabilidad del país. Los partidos son los vehículos institucionales encargados de seleccionar candidaturas, agregar demandas sociales y proyectar políticas de Estado. En la medida en que sus bases se estrechan y envejecen sin perspectiva de recambio, se ensancha la brecha entre la clase dirigente y la sociedad civil y, simultáneamente, aumenta el riesgo de que ciertos grupos capturen estructuras partidarias, amparados en padrones inactivos, degradando la calidad de la representación.

La respuesta no pasa por campañas publicitarias de afiliación ni por cuotas etarias. El desafío es abrir espacios de influencia real, fortalecer la democracia interna, recuperar el trabajo territorial y ofrecer formas menos rígidas de participación. Convendría distinguir, en este sentido, la afiliación nominal de la participación efectiva, para que los padrones dejen de ser meros registros legales y vuelvan a expresar comunidades políticas vivas.