El Presidente José Antonio Kast ha anunciado una ambiciosa agenda en materia de seguridad. Sin embargo, falta una pieza que será decisiva para que esas medidas tengan resultados concretos: modernizar nuestro sistema de persecución penal.

La Reforma Procesal Penal fue un cambio institucional decisivo. Sin embargo, comenzó a implementarse hace más de 25 años, cuando Chile enfrentaba una criminalidad muy distinta. Hoy el Estado debe perseguir organizaciones transnacionales, lavado de activos, delitos económicos sofisticados, ciberdelincuencia, secuestros y bandas que actúan en distintas regiones e incluso desde el extranjero.

También ha cambiado el perfil de las víctimas. La delincuencia ya no afecta únicamente a las personas; también perjudica a empresas nacionales y extranjeras que invierten, generan empleo y desarrollan proyectos de largo plazo en el país. Y cuando una empresa o inversionista sostiene haber sido víctima de un fraude o de un delito económico de gran magnitud, la respuesta institucional que recibe también pasa a ser una señal sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho. Para estas empresas, la seguridad jurídica no consiste únicamente en contar con reglas tributarias y regulatorias claras. También implica tener la certeza de que, cuando son víctimas de una estafa, una extorsión, un fraude o un robo organizado, el Estado investigará con eficacia y entregará una respuesta oportuna.

No es razonable que una investigación pueda permanecer durante largos períodos sin definiciones relevantes por decisiones que dependen exclusivamente del fiscal a cargo, sin criterios suficientemente transparentes ni mecanismos eficaces de revisión. La certeza jurídica también exige una persecución penal eficiente, predecible y sujeta a estándares objetivos.

Por eso, la seguridad no puede reducirse a aumentar penas, crear nuevos delitos o ampliar facultades policiales. Todo eso puede ser necesario, pero es insuficiente si el sistema no logra investigar con rapidez, coordinar información, concentrar recursos en las causas complejas y sostener acusaciones sólidas ante los tribunales.

La creación de la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento del Ministerio Público son avances. Pero falta una discusión sobre especialización de fiscales, asignación de causas, sistemas de evaluación, control de investigaciones excesivamente largas, uso eficiente de recursos limitados y criterios de cierre de causas.

El fiscal nacional ha hecho esfuerzos importantes por ordenar la gestión, fijar prioridades y focalizar los recursos. Pero Chile necesita dar un paso más: construir, con una mirada de Estado, el sistema de persecución penal de los próximos veinte años y no seguir administrando las urgencias de cada semana.

La seguridad es una cadena: prevención, inteligencia, investigación, persecución penal, juzgamiento y cumplimiento efectivo de las condenas. Cuando un eslabón falla, se debilita todo el sistema. Chile ha discutido mucho sobre policías y penas. Ha llegado el momento de discutir seriamente cómo investigar mejor. La criminalidad del siglo XXI exige una persecución penal a la altura del siglo XXI.

Exministra de Justicia