Comprensible es la reacción de satisfacción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego que se aprobara esta semana la Ley de Reconstrucción —“Hemos aprobado la reforma procrecimiento más importante de los últimos 30 años, en 90 días”, sostiene hoy en una entrevista publicada en el cuerpo de Economía—, pues con este logro se quiebra una tendencia de décadas de malas políticas públicas en materia económica, las que han llevado al país a un largo estancamiento. Una potente señal que no solo hace más atractiva la inversión, sino que genera fundadas expectativas de que comience a consolidarse la esperada reactivación.

Cabe reconocer también la habilidad del equipo político del Gobierno para conseguir apoyos y, sobre todo, la seriedad con la que el ministro Quiroz afrontó su comparecencia al Congreso, sin caer en las provocaciones de parlamentarios de izquierda que recurrieron a las descalificaciones personales, las caricaturas vacías y buscaron distintos artilugios, como el “tsunami de indicaciones”, para obstruir la tramitación del proyecto. Este comportamiento irresponsable de una buena parte de la oposición, si bien puede haberles dado algún rédito de corto plazo en las encuestas, difícilmente logrará ocultar la irrelevancia y frivolidad mostrada —ahí están los videos con sus intervenciones en sala y las actas del Congreso— en momentos en que el país discutía uno de los proyectos más relevantes del último tiempo.

Las buenas cifras económicas de esta semana —Imacec de junio de 2,4%, inflación de 0,1% en julio y el cobre en precios récord, entre otras— agregan nuevos elementos para estar más optimistas en el futuro. Sin embargo, ninguno de estos cambios de tendencia será suficiente si no se produce una recuperación del empleo, que es la principal razón para impulsar el mayor dinamismo. En esta línea, la calidad técnica y la apertura al diálogo de las autoridades para impulsar una agenda fuerte en materias laborales serán decisivas para emprender con éxito una reforma como esta, que se requiere con urgencia.

En lo inmediato, la acertada apuesta del Presidente Kast de colocar en el centro el tema de seguridad con una batería de proyectos (ver editorial arriba) lo conduce a hacerse cargo de la que fuera su otra principal promesa de campaña, la que de forma inexplicable quedó relegada en un segundo plano en las primeras semanas de gobierno. Como era esperable, la encuesta de Panel Ciudadano (UDD) dada a conocer hoy muestra un amplio apoyo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo —ninguna de las consultadas baja del 69% de aprobación—, lo que sugiere una tramitación en la que será más fácil avanzar en acuerdos. De nuevo, y más allá del apoyo ciudadano que algunas medidas pudieran suscitar, es tarea fundamental del Ejecutivo y del Congreso abordar esta materia con rigor, sin efectismos que creen falsas expectativas, buscando siempre las mejores experiencias comparadas de las democracias más consolidadas. Fortalecer las instituciones, reclutar y conservar en ellas al personal idóneo, perfeccionar el diseño de sus competencias e instrumentos, establecer cauces eficaces y permanentes de cooperación interinstitucional, pueden ser cambios poco vistosos, pero es lo que rinde mejores réditos en el mediano y largo plazo.

Esperando el TC

A falta de mayorías en el Congreso, la oposición tiene puestas sus esperanzas de cercenar parte del proyecto de Reconstrucción —en la invariabilidad y el reembolso de gastos en caso de que una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada en tribunales— en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), una institución que antes descalificaban llamándola la “Tercera Cámara”. Se trata de materias importantes, y cabe esperar que los magistrados puedan sustraerse del ruido político y fundar sólidamente y de forma coherente las resoluciones.

Un fallo del TC conocido esta semana, sin embargo, genera aprensiones sobre el criterio jurídico de tres ministros del TC que suscribieron un incomprensible voto de minoría que amenaza la libertad de expresión frente a un requerimiento en que se pedía la cesación en el cargo del exdiputado Johannes Kaiser. Si bien una mayoría de magistrados desechó la presentación de parlamentarios de izquierda por unos dichos de Kaiser sobre el golpe de 1973 —se estimó que no era necesario pronunciarse sobre el fondo porque ya no era diputado—, lo cierto es que la fundamentación de los votos de minoría es preocupante. Naturalmente podrá criticarse lo señalado por el diputado —que de producirse las mismas circunstancias de 1973 “apoyaría un nuevo golpe” con “todas sus consecuencias”, aunque después dijo que no justificaba las desapariciones y las muertes——, pero es obvio que se trata de una opinión frente a una situación hipotética, por no decir irrepetible (nunca se van a producir las mismas circunstancias). No hay aquí un peligro concreto y menos “una incitación” a alterar el orden público o alguna conducta que “propicie” un cambio institucional por medios inconstitucionales. ¿Han considerado estos magistrados las consecuencias en el debate público que se producirían de primar este criterio? ¿Qué habría ocurrido si se utilizara el mismo razonamiento a muchos de los que opinaron durante el estallido?