Durante las últimas semanas, los ajustes al programa Becas Chile y al Concurso Fondecyt de Posdoctorado han generado un debate legítimo: ¿qué papel debe jugar el Estado al decidir dónde invertir recursos públicos destinados a la investigación? Agradezco esas voces, porque permiten explicar estas decisiones con datos y claridad.

Partamos por los hechos. Fondecyt de Posdoctorado busca estimular la productividad y el liderazgo científico futuro de doctores recién graduados, mediante proyectos que contribuyan también a su inserción laboral. Representa aproximadamente el 12% del financiamiento total de Fondecyt. Los concursos de Iniciación y Regular, columna vertebral de la investigación científica financiada por Fondecyt, no fueron modificados.

Este año introdujimos dos ajustes específicos: priorizar a investigadores chilenos y orientar hasta el 70% de las adjudicaciones hacia diez áreas estratégicas, manteniendo un 30% abierto a todas las disciplinas.

Chile enfrenta hoy un desempleo de 9,4% y una ocupación informal de 27%. Esa realidad también alcanza a personas con doctorado. Además, cada año se gradúan cerca de 1.300 nuevos doctores en Chile, mientras este concurso dispone de aproximadamente 260 cupos. La demanda nacional potencial supera ampliamente la capacidad del instrumento. En este contexto, consideramos responsable que, al menos este año, estos cupos financiados con recursos públicos prioricen a investigadores chilenos y sus oportunidades de inserción y desarrollo científico en el país.

A ello se suma la experiencia del programa. Entre 1991 y 2026 se adjudicaron 5.024 proyectos, un 36% a investigadores extranjeros. De los proyectos que nunca se iniciaron, el 61% correspondió a extranjeros. En términos simples, cerca de uno de cada cinco investigadores extranjeros adjudicados nunca inició su proyecto. Cuando existen alta demanda y cupos limitados, debemos procurar que cada adjudicación se concrete y que ningún cupo se pierda.

¿Cómo definimos las prioridades? Cruzamos los datos de los proyectos adjudicados durante los últimos diez años con las capacidades que Chile necesita y con sus desafíos productivos, sociales y tecnológicos. El análisis mostró brechas importantes. Áreas como futuro del trabajo, ciberseguridad, minería, acuicultura, agronomía y tecnologías satelitales representaban, cada una, menos del 2% de las adjudicaciones. En diez años no se financió ningún proyecto en ingeniería óptica, fundamental para desarrollar capacidades tecnológicas asociadas a nuestra astronomía. En neurociencias se financiaron apenas cuatro proyectos y en medicina de precisión, solo uno.

Por eso orientaremos hasta un 70% de las adjudicaciones hacia áreas prioritarias, manteniendo un 30% completamente abierto. Estas prioridades son amplias e incorporan también a las ciencias sociales y humanidades, desde la psicología organizacional y el futuro del trabajo hasta la criminología y las políticas públicas.

Priorizar no significa ir contra la corriente internacional. La OCDE reconoce una realidad básica: existen más buenas ideas y proyectos que recursos disponibles. Por ello, establecer prioridades y orientar la inversión hacia las necesidades de un país forma parte de una política científica responsable.

La discusión no es entre libertad científica y prioridades nacionales. Ambas pueden coexistir. Por eso los principales instrumentos de Fondecyt permanecen abiertos. Pero cuando el Estado financia investigación posdoctoral e inserción de capital humano avanzado, tiene también la responsabilidad de preguntarse qué capacidades necesita Chile, qué oportunidades tendrán quienes estamos formando y dónde los recursos públicos pueden generar mayor impacto.

Priorizar no es decidir qué conocimiento importa y cuál no. Es asumir la responsabilidad de que recursos públicos limitados generen el mayor valor posible para Chile.