Las causas del derrumbe de nuestra democracia han sido objeto de múltiples debates y seguro lo seguirán siendo. Hubo una vez un acuerdo bastante generalizado en que la opción de una parte significativa de los ciudadanos por una posición antisistémica introdujo tensiones que el cuerpo político no fue capaz de neutralizar, cuando se sostenía que “la democracia es solo una fase de un proceso histórico que culminará en la revolución”; “las instituciones democráticas son herramientas tácticas para la agitación, la propaganda y la concientización”; y que el entendimiento con otros partidos “es táctico en la guerra revolucionaria”. El triunfo electoral era así solo el primer asalto para apropiarse del Estado y emprender la revolución.

Las fuerzas contrarias a nuestra institucionalidad se habían concentrado tradicionalmente en el Partido Comunista. En la década de 1960, sin embargo, el Partido Socialista chileno rompe con su tradición histórica. Se declara marxista-leninista en el Congreso de Chillán de 1967 y opta por la vía violenta para impulsar cambios que implicaban destruir la democracia “formal” y “burguesa”, sustituyendo el capitalismo por el socialismo marxista. Esto alteró la correlación de fuerzas y los consensos mínimos necesarios para la estabilidad del sistema. Esto significó que las fuerzas antidemocráticas —que nunca habían superado la votación comunista— llegaron así a representar un tercio del electorado y alcanzaron el poder. Desde una posición minoritaria, intentaron transformar radicalmente las estructuras políticas, económicas, sociales y judiciales, quebrando los consensos indispensables para resolver en forma pacífica los conflictos propios de la diversidad, legítimos y consustanciales a toda sociedad civil, e incluso deseables para una pluralidad efectiva.

Se legitimó de este modo la violencia revolucionaria como medio de acción, aspirando a sustituir la democracia “burguesa” —a la que las mayorías seguían adhiriendo— por un régimen que contemplaba, semejante al proyecto constitucional rechazado en el plebiscito, una asamblea única que reunía los poderes ejecutivo y legislativo, generada por “las fuerzas populares” y depositaria de la soberanía, en una estructura piramidal de la que dependía incluso el poder judicial, constituido por “tribunales populares”. El sistema institucional no fue capaz de absorber ni neutralizar esta presión, con el resultado del quiebre de septiembre de 1973. Si la democracia chilena había podido resistir el desafío del Partido Comunista, esto ya no fue posible cuando otros grupos significativos también se volvieron antisistémicos.

Si este viraje del PS fue clave en el derrumbe de la democracia, no es menos cierto que su valiente proceso de renovación posterior fue decisivo en la restauración democrática, cuando se apartó del Partido Comunista —fiel aún a la vía violenta—, optó por la democracia liberal y se unió a los partidos de la Concertación para una transición pacífica a la democracia. Ello permitió restaurar una cultura política proclive a enmarcar el conflicto en márgenes razonables, valorando la tolerancia, la capacidad de llegar a acuerdos y la legitimidad de la discrepancia y la diversidad.

¿Por qué traer a colación el rol del Partido Socialista en las últimas décadas? Por los temores que suscita hoy la debilidad del “socialismo democrático”: su unidad con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que siguen adhiriendo —explícita o implícitamente— a preceptos incompatibles con la democracia; y su apoyo, al igual que antaño, a un proyecto constitucional que amenazaba las instituciones fundamentales de la democracia. Me atrevería a decir que sin un socialismo que adhiera férreamente a la democracia esta siempre tendrá una seria fragilidad.