Señor Director:

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de convocar una audiencia sobre un supuesto “desmantelamiento” de la institucionalidad de derechos humanos en Chile plantea serias dudas. La CIDH cumple una función indispensable en nuestra región. Precisamente por ello debe actuar con especial prudencia y rigor al decidir qué asuntos justifican la intervención del sistema interamericano.

La audiencia en cuestión fue solicitada por cuatro organizaciones apenas dos semanas después del cambio de gobierno. Ello hacía especialmente necesario un escrutinio riguroso por parte de la Comisión antes de concluir que existían antecedentes suficientes para abrir una instancia internacional sobre un supuesto “desmantelamiento” institucional. Más aún cuando buena parte de los antecedentes invocados corresponden a controversias sobre políticas públicas, reorganizaciones administrativas o evaluaciones presupuestarias.

Toda organización tiene derecho a recurrir a la CIDH. Pero no toda solicitud justifica la convocatoria de una audiencia. Cada vez que la Comisión cita a un Estado, este debe destinar tiempo, recursos y capacidades institucionales para responder ante un órgano internacional. Ese costo se justifica cuando existen antecedentes serios de una posible vulneración de derechos humanos.

La fortaleza de la Comisión no depende del número de audiencias que celebra, sino del criterio y la prudencia con que decide cuáles ameritan su intervención. Cuando destina su limitado capital institucional a controversias que difícilmente alcanzan el umbral que justifica la activación del sistema interamericano, no solo impone costos al Estado involucrado; también arriesga diluir la autoridad que necesita para actuar con fuerza frente a las violaciones más graves de derechos humanos en nuestra región. Defender a la CIDH exige, precisamente, exigirle ese rigor.

Exasesor internacional de la Presidencia