El reino saudita desde hace tiempo busca implementar un programa nuclear civil para generar energía eléctrica en el país, meta que está incluida en su plan de desarrollo económico futuro. La aspiración puede ser legítima: modernizar la matriz energética y, al mismo tiempo, liberar millones de barriles de petróleo para destinarlos a la exportación. Pero situada en la misma región de Irán, en medio de una guerra desatada precisamente por la cuestión nuclear, Arabia Saudita tiene también la obvia intención de equiparar el potencial de su histórico rival. El acuerdo al que ha llegado EE.UU. con los sauditas permitiría a empresas norteamericanas construir instalaciones —incluida una planta de enriquecimiento de uranio— y exportar tecnología de punta al país, lo que significaría miles de millones de dólares en buenos negocios, algo que el gobierno de Donald Trump ha estado promoviendo en Medio Oriente desde que asumió este mandato. Según la secretaría de Energía, el texto “sienta las bases para una cooperación multimillonaria de décadas”, 30 años, entre ambos países, y fortalecerá la competitividad de Estados Unidos en tecnología nuclear civil. Pero es evidente que el interés de Trump en el acuerdo apunta, además, a impedir que China o Rusia sean los que provean esa tecnología a los sauditas y otros países del Medio Oriente, pues se sabe que ya ha habido conversaciones y ofrecimientos.

Más allá de eso, el pacto ha levantado suspicacias sobre las verdaderas intenciones de la autoridades saudíes. Aunque el príncipe heredero y gobernante de facto, Mohamed Bin Salman, ha asegurado que el objetivo no es tener un arma atómica, tampoco lo ha descartado; más bien, ha explicitado que, en caso de que Irán adquiera ese armamento, Arabia Saudita buscaría rápidamente tener el suyo. Y esa es la cuestión principal que preocupa a los expertos: el riesgo de proliferación nuclear en una región volátil. Esta sería la primera vez que Estados Unidos autoriza construir una planta de enriquecimiento. Un acuerdo similar con los Emiratos Árabes Unidos, de 2009, no tiene esa cláusula, obligándolos, como hacen otros países, a comprar el combustible nuclear necesario para sus centrales. Incluir aquí una planta para enriquecer uranio puede ser un mensaje a los iraníes para que desistan de su programa nuclear. Sin embargo, existe el peligro de romper equilibrios y que se desbarate el orden nuclear global, al incorporar a nuevos actores que, potencialmente, tendrían capacidad de enriquecer uranio a una gradación suficiente para fabricar armas.

No se ha conocido el texto completo del acuerdo ni del segundo documento donde estarían explicitadas las cláusulas de salvaguarda, inspección y verificación de las instalaciones. Desde Washington se llama a la calma, aseguran que “tiene los niveles más altos de seguridad nuclear y de no proliferación, y están basados en la mejor tecnología diseñada por científicos norteamericanos”. Agregan que “EE.UU. no haría un acuerdo con un país que lleve riesgo de proliferación”. Sin embargo, como no se conocen los detalles, los especialistas advierten que es riesgoso que no se estipule el monitoreo y verificación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que tiene los más altos estándares para esa labor, y que sea sustituida por una inspección unilateral. El acuerdo, en todo caso, debe ser revisado por el Congreso norteamericano. Para vetarlo, se requiere una resolución conjunta y dos tercios de los congresistas.

El que, frente a las primeras reacciones, Trump haya agregado, como condición para que el pacto efectivamente opere, la suscripción por los saudíes de los Acuerdos de Abraham —y, por tanto, su reconocimiento del Estado de Israel—, introduce una nota de suspenso pero no despeja las preocupaciones.