La desvinculación en tiempo récord del subsecretario de Hacienda por dar positivo en un test de drogas, sin haber esperado el resultado de una contramuestra, ilustra las deficiencias del trabajo legislativo en el Congreso. La UDI promovió el test de drogas en un articulado desprolijo, pensando en réditos mediáticos, y el Congreso no les prestó atención a los detalles de cómo debía funcionar. La normativa entró en vigencia en febrero y se transformó en un bumerán contra el Gobierno cuando la primera autoridad que dio positivo resultó ser el subsecretario de Hacienda, que antes fue candidato UDI a convencional y, luego, a diputado.

Aunque tarde, era el momento oportuno para que el Gobierno hiciera la pega que los parlamentarios no habían hecho y mejorara el diseño e implementación de la ley. Nada de eso ocurrió. Presos de sus propios errores, optaron por doblar la apuesta y dar urgencia a un proyecto de ley que extiende los tests de drogas a los parlamentarios (pero no a los jueces ni al Presidente). La idea, supongo, es que aparezcan políticos de oposición que den positivo, diluyendo así el costo político del Gobierno.

La probabilidad de un falso positivo en un test de drogas basado en una muestra de pelo es baja, pero no es cero. Los fabricantes de los mejores test a nivel mundial reportan una tasa de falsos positivos de 0,5%: solo una de cada 200 personas que no consumen drogas da positivo. Aun con estos test —que no son los que se aplican en Chile actualmente— y considerando un número conservador de 400 funcionarios obligados a someterse al test dos veces al año (ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes superiores de servicio), el número esperado de falsos positivos durante los cuatro años de la actual administración es de 16. Es decir, uno de cada 25 funcionarios que no consumen drogas dará positivo en algún momento y, por ello, será despedido y quedará estigmatizado como drogadicto. ¿Aceptaría usted un cargo en el Gobierno a sabiendas de que corre ese riesgo?

No es difícil evitar esta injusticia: basta con que, ante un test positivo, se analice la contramuestra siguiendo un protocolo bien definido —que impida filtraciones del resultado inicial— antes de informar al público. Según reportajes de varios medios, el Gobierno optó por no correr el riesgo de una filtración que lo hiciera parecer encubridor del caso y, más preocupado de cuidar su imagen que de actuar correctamente, desvinculó al subsecretario Rodríguez sin esperar el resultado de la contramuestra. La polémica de esta semana entre el subsecretario y el laboratorio —que analizó dos veces la muestra original, pero no la contramuestra—, con ambas partes defendiendo su reputación en un contexto carente de reglas claras, ilustra de manera dramática la inexistencia de un protocolo inequívoco y adecuado.

Sin embargo, el problema del test de drogas va mucho más allá de un mal diseño y una peor implementación. El problema de fondo es que se trata de una norma que sirve poco y nada para lograr el principal objetivo que dice perseguir: “Este es un avance fundamental si queremos erradicar la presencia del narcotráfico y el crimen organizado dentro de la administración del Estado”, declaró el diputado que lideró la iniciativa cuando esta se aprobó en la Cámara Baja. La norma impediría que los carteles coopten a las autoridades a través de la venta de droga para luego extorsionarlos. Eso es un disparate. La cooptación de autoridades por parte del crimen organizado sucede mediante el pago de importantes sumas de dinero, no vendiéndoles cannabis.

La experiencia comparada es clara. La mejor forma de combatir el narcotráfico y el crimen organizado es siguiendo la huella del dinero, por ejemplo, facilitando a las instancias competentes (la Unidad de Análisis Financiero, en el caso de Chile) el acceso expedito a las cuentas bancarias de quienes sean sospechosos de recibir dineros del narcotráfico, incluyendo a las autoridades de gobierno. Esto se logra permitiendo que se levante el secreto bancario sin una orden judicial, como sucede en la mayoría de los países desarrollados, algo a lo cual el Gobierno y los partidos que lo apoyan se han opuesto tenazmente.

Por el contrario, el Gobierno y sus partidos han preferido promover una política desprolija e ineficaz, pero de alto impacto mediático, cuya principal consecuencia será un desfile de autoridades renunciando por un test de drogas que dio un falso positivo. El Gobierno pudo haber buscado soluciones más efectivas o, al menos, corregido el error actual, pero optó por profundizarlo. En ningún momento consideró el enorme daño que produce la norma, que desprestigia aún más a la política. ¿O acaso, como sucede en otras latitudes, ese es uno de sus objetivos?