Señor Director:

Es sorprendente la manera en que algunos de sus lectores incurren —o insisten— en malentendidos. Es el caso del profesor José Joaquín Ugarte. En su carta de ayer dice discrepar conmigo porque “sería contradictorio que la libertad religiosa consistiera en expulsar la religión del ámbito público”.

Pues bien. Ese no es el asunto que aquí se discute. Lo que se discute (¿será necesario explicar de nuevo la distinción entre laicismo, laicidad y neutralidad?) es si acaso la invitación por parte de una autoridad —en calidad de tal— convocando a una eucaristía infringe o no el deber de un Estado neutral de tratar con igual respeto y consideración a todos los credos. Lo que he sostenido es que un acto semejante —como el que habría ejecutado la ministra de Desarrollo Social— infringe los deberes que pesan sobre el Estado. Eso no significa excluir a la religión de la esfera pública (basta revisar la jurisprudencia americana y contrastarla con la francesa para advertirlo), ni devaluar a la religión como parte de la cultura. Significa, en cambio, reclamar que se respete un deber de neutralidad derivado del deber de tratar por igual a todos los ciudadanos y sus creencias.

Me parece además que el sacerdote Irureta, capellán de La Moneda, acierta cuando señala que el Estado no debe favorecer culto alguno. Sin embargo, el profesor Ugarte también intenta refutarlo confundiendo —inexplicablemente— la confianza en la verdad de lo que uno cree, con el derecho estatal a hacerlo valer. Para mostrar lo errado de la opinión del profesor Ugarte basta recordar la reflexión de Joseph Ratzinger en los trabajos preparatorios del Concilio: la confusión de la fe en la verdad absoluta que ha aparecido en Cristo, con una reivindicación absoluta de los derechos intramundanos, es una hipoteca que, para mal, ha gravado desde Constantino a la Iglesia (Ratzinger, El estado actual de los trabajos del Concilio Vaticano II, en Obras Completas, VII/I Sobre la enseñanza del Concilio Vaticano Segundo Madrid: BAC, 2019, p. 380).