Como un balde de agua fría cae para Chile el anuncio de aranceles de 12,5% por parte de Estados Unidos para algunas categorías de nuestros productos, como el salmón, frutas, vinos o madera. La medida, que afecta de distinto modo a 60 países, se basa en la sección 301 de la Ley de Comercio norteamericana, que permite aplicar restricciones a naciones que lleven a cabo prácticas desleales en el comercio con EE.UU. En este caso, se apunta a la no adopción de medidas que prohíban y sancionen eficazmente la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso. El anuncio se hizo horas antes de que venciera el plazo de 150 días de las tarifas “transitorias” que el gobierno estadounidense venía aplicando desde que, a principios de año, la Corte Suprema objetara la legalidad de los “aranceles recíprocos” impuestos en 2025 por Donald Trump. Por lo mismo es que, más que una real preocupación frente a los abusos, analistas de todo el mundo han visto en estos anuncios, o una forma de eludir las restricciones que aquel fallo judicial implicó para la política arancelaria de la administración Trump, o un capítulo más de su guerra comercial con China.

Desde la perspectiva chilena, la medida resulta a todas luces desconcertante. Desde luego, las leyes laborales son en Chile altamente exigentes, y la propia Constitución garantiza la libertad de trabajo, al tiempo que el Código Penal sanciona la trata de personas con fines de explotación laboral. Esto último fue explícitamente reconocido por el Departamento de Estado norteamericano en su informe de 2025, donde se establece que Chile cumple plenamente con los estándares para la eliminación de la trata de personas, persiguiendo y sancionando esas prácticas. Así, la acusación del gobierno estadounidense apunta más bien a la idea de que nuestro país importaría insumos desde otras naciones donde sí podría existir el trabajo forzado, por lo que, de modo indirecto, algunas de nuestras exportaciones a EE.UU. contendrían esa mano de obra. Más allá de lo enrevesado del planteamiento, es difícil entender por qué Chile es sancionado con el arancel de 12,5%, mientras otras naciones —que también importan productos de terceros países sobre los cuales podría recaer esa sospecha— reciben un trato distinto. En cualquier caso, no cabe descartar que la dictación de alguna norma aduanera que imponga a los exportadores extranjeros certificar el origen de los bienes que venden a Chile pudiere ser una manera de satisfacer los requerimientos del gobierno norteamericano, más allá de su real sentido práctico. El punto amerita ser evaluado por nuestras autoridades.

Ahora bien, independientemente de ello, la información de que dos ONG chilenas presentaron en Estados Unidos antecedentes sobre la eventual existencia de trabajo forzoso en Chile, particularmente en la salmonicultura y el sector agrícola, no deja de perturbar. Resulta inverosímil que esos organismos hayan sido determinantes en la decisión, pero sí llama la atención su actitud, la cual, de alguna forma, ha contribuido a dar algún aura de legitimidad a la arbitraria medida adoptada por el país que, paradójicamente, consideramos como nuestro principal socio estratégico.

Precisamente este último alcance, la importancia que Chile atribuye a la histórica relación con Wasghinton, hace todo esto aún más complejo, como lo ha hecho notar el ministro de Defensa, Fernando Barros. Este no solo ha enfatizado lo “injusto” de la medida, sino que también ha advertido de cómo ella “genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación” con la potencia norteamericana. En efecto, el actual gobierno ha hecho un esfuerzo notorio por recomponer las relaciones con Washington después del deterioro experimentado en la administración anterior. Lo ahora ocurrido no debe llevar a desistir de ese esfuerzo ni a caer en actitudes destempladas, pero sí a revisar las estrategias que mejor nos permitan acceder al gobierno de EE.UU., haciendo ver la falsedad de las acusaciones y la importancia de cultivar una buena relación, contra la que atentan medidas como esta.